A PROPOSITO de la "Mesa de Trabajo Pesquero", hemos sido testigos de un debate sobre la sustentabilidad del proyecto de ley que reformará nuestra legislación pesquera. La voluntad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es que el nuevo régimen sea de largo aliento y que  aborde, entre otros, el mecanismo de adjudicación de las cuotas de captura y las medidas para asegurar la conservación de los recursos pesqueros.

¿Cuenta nuestra institucionalidad con algún mecanismo que asegure que los proyectos de ley sean revisados desde criterios de  sustentabilidad? Para sorpresa de muchos, la respuesta es que sí. El problema es que se ha ignorado en esta y otras iniciativas.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que rediseñó la institucionalidad ambiental (Ley 20.417 de 2010), y a propósito del eterno debate de la integridad de las políticas y de la transversalidad del concepto de medioambiente, se creó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como un órgano de deliberación de la política pública, llamado justamente a generar y proponer al Presidente criterios de sustentabilidad en la elaboración de las políticas públicas. Once ministros integran este Consejo: Medio Ambiente; Agricultura; Hacienda; Salud; Economía, Fomento y Turismo; Energía; Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; Minería y Planificación.

Entre las funciones del consejo se establecen dos que tienen una estrecha relación con esta reforma pesquera: "Proponer al Presidente las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables" y "pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70".

No cabe duda de que este proyecto de ley debe ser sometido al conocimiento de dicho Consejo de Ministros, que está llamado a ser el ente apropiado para garantizar que el aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros sean sustentables. En consecuencia, este órgano no deberá abordar el tema sólo desde el punto de vista del ministerio que está a cargo del fomento productivo, y su correcta actuación supondrá evaluar el impacto que la regulación propuesta tendrá en los tres pilares del desarrollo sustentable.

La evidencia mundial indica que el desarrollo sustentable no se construye sólo mediante conciencia ciudadana y responsabilidad empresarial, sino que requiere de instituciones, políticas públicas y mecanismos, todos sujetos a rendición de cuentas (accountability). Como país nos hemos dado una institucionalidad para cumplir el fin del desarrollo sustentable, el cual busca equilibrar el crecimiento económico y los aspectos sociales con la protección del medioambiente. Este consejo tiene una gran tarea, y no es posible pensar que a casi un año de su primera sesión, no vaya a ser parte de un proceso significativo y que tendrá un impacto en uno de nuestros recursos naturales más preciados.