CUANDO LOS  estudiantes -y sus padres- salieron a gritar a la calle en 2011, lo hacían contra las mensualidades de 300 o 400 mil pesos en la universidad. No por los ocho mil pesos mensuales en promedio que se cobra en los colegios particulares subvencionados con copago. Pero los que se sitúan a la izquierda de la izquierda y reniegan contra el sistema, hábilmente metieron el “fin al lucro” -que de nuevo iba contra las universidades- en el programa de gobierno para “hacerle caso a la calle”, como después justificarían. Pero la calle no éramos todos, al menos no esa calle.

El 25 de octubre del año pasado sí salimos todos a la calle, todos los que trabajamos, todos los que no perdemos el tiempo y que nos preocupamos de que nuestro país crezca, que nuestros niños se eduquen y que mañana puedan ser alguien en la vida. Confepa (la Confederación de Padres de Colegios Particulares Subvencionados) cifró la marcha en 200 mil, algunos medios de prensa en 100 mil y otros en 120 mil papás y mamás que marcharon contra la mala reforma educacional que en ese momento se gestaba. Igual manifestación se había vivido en las otras 14 regiones del país, sacando más de 100 mil personas a las calles.

Por lejos estas fueron las mayores manifestaciones del 2014, y también desde 2011, pero al gobierno de turno no le importó. La consigna era más fuerte. La orden de partido más férrea y duradera; incluso aunque gran parte de los honorables de la Nueva Mayoría estaba en desacuerdo con esta nueva ley, ya que igual terminaron votando a favor de destruir la educación particular subvencionada, y de paso los sueños de cientos de miles de familias que han puesto su mirada sobre los particulares como única solución al problema de la educación pública.

Yo no piso el palito porque no le creo a estos políticos. La subvención de gratuidad según la Ley de Inclusión significa cambiar la mensualidad que permite un proyecto educativo diferente, por $ 5.530 mensuales, pero ojo, eso solamente si el sostenedor ha alcanzado a convertirse en fundación o corporación sin fines de lucro, porque si no, no le toca. ¿Con esos cinco mil pesos más tendremos calidad? Yo no estoy de acuerdo con esta reforma educacional porque no ayuda en nada a mejorar la calidad de la educación, y lo que es peor, la iguala hacia abajo. Yo no estoy de acuerdo con esta mala reforma educacional porque creo que es vejatorio e inhumano someter a nuestros niños a un sorteo o meterlos en una tómbola, donde si bien van a haber algunos ganadores, también tendremos niños perdedores. Niños que en esta verdadera ruleta, al azar, van a ser condenados a estudiar en una educación municipal que aún no mejora, y lo que es peor, contra la voluntad de sus padres y madres, contra la voluntad de toda la familia.

Se nos acusó de campaña del terror, pero hoy en Magallanes los niños lloran porque tendrán que dejar su colegio. Ya dos establecimientos tuvieron que convertirse en particulares pagados debido a esta reforma. Si esta ley no se hubiese concretado, esto no habría pasado. Así, ya son 20 los colegios en Chile que tomaron esta decisión y dos ya han anunciado que tendrán que cerrar. ¿Pero que son dos colegios, cierto? Eso han dicho en el Ministerio de Educación. Autoridades, estos dos colegios -el colegio Infantes de la Reina y el colegio Manuel Baquedano- no son más que 1.080 familias que tendrán que buscar otro lugar para sus hijos, o lo más probable, contentarse con un liceo municipal.

¿Un costo inevitable responderán tal vez? Claro, pero cuando hablamos de nuestros niños, uno es lo mismo que todos. Yo no piso el palito porque mis apoderados no lo quieren. Yo no piso el palito por mis niños y por mis profesores. Yo no piso el palito porque esta ley está mal hecha, no tiene fundamentos y debe cambiar.