Las personas que trabajen para un Estado manejando información confidencial deben ser objeto de protección si divulgan, de buena fe, datos secretos para proteger derechos humanos, afirmaron este viernes las relatorías de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre libertad de expresión.

Los programas de rastreo de información privada en internet o de espionaje deben ser excepcionales y apegarse estrictamente a derecho, según ese comunicado conjunto de las relatorías, difundido tras las recientes revelaciones Edward Snowden, ex colaborador de la CIA estadounidense.

"Una persona vinculada al Estado, que teniendo la obligación legal de mantener confidencialidad sobre cierta información, se limita a divulgar al  público aquella que razonablemente considere que evidencia la comisión de violaciones de derechos humanos, no debe ser objeto de sanciones (...) siempre que haya actuado de buena fe", explicó el texto.

Snowden actualmente refugiado en Hong Kong, está siendo investigado por Estados Unidos tras haber revelado a medios de comunicación programas secretos de espionaje masivo en internet.

Esas filtraciones, que causaron impacto dentro y fuera del país, afectan a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), y Washington no descarta pedir la extradición de Snowden.

"La imposición de sanciones penales debe ser excepcional, sujeta a límites estrictos de necesidad y proporcionalidad" pidieron las relatorías especiales de Naciones Unidas y de la CIDH.

Los medios de comunicación y periodistas que contribuyan a divulgar esas informaciones también deben estar protegidos, indicó el comunicado.

"Existe una necesidad urgente de que los Estados revisen su legislación para establecer los límites a la potestad para vigilar las comunicaciones privadas, su necesidad y proporcionalidad", añadieron las relatorías.