Señor director:

En un artículo sobre royalty y patentes pesqueras publicado por su diario la semana pasada, el subsecretario Raúl Sunico sostuvo que habría una disminución de pagos de patentes, llegando a US$ 10 millones anuales. Lo que no indica es que antes de la implementación de la actual ley, se recaudaban US$ 34 millones al año.

Con la ley ganó un grupo de industriales pesqueros y perdió el Estado. Lo lamentable es que los mayores perjudicados han sido la sustentabilidad de los recursos pesqueros, pues los dineros eran utilizados para investigación y el Fondo de Administración Pesquera (FAP), con el consiguiente perjuicio para los trabajadores del sector.

Antaño, si el pago de patentes se cancelaba antes del 31 de diciembre, era ingresado directamente al FAP para complementar lo otorgado por el presupuesto de la nación, situación que hoy ha cambiado, ya que no solamente la industria pesquera paga un 70% menos en patentes, sino que la administración pesquera cuenta con US$ 20 millones menos.

Es perentorio revisar la ley de Pesca, pero no sólo desde el punto de vista de la pesca artesanal como anunció el subsecretario, sino de la pesca en su conjunto, para que se vele "porque los instrumentos legales  cautelen los interés y demandas de todos los sectores involucrados", como lo compromete la hoja de ruta de la Mandataria.

Juan Montenegro

Pdte. Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes)