Señor director:

Ninguno de los abogados que intervenimos en el sistema judicial penal en calidad de querellantes, puede sostener que la ley de responsabilidad penal adolescente cumple el objetivo de reprimir la delincuencia juvenil.

Diariamente nuestros jóvenes son víctimas de bandas organizadas que reclutan a menores con el objeto de aprovechar las falencias del sistema. La mayoría de los fiscales, en los delitos de hurto, solicitan amonestación; es decir, el juez debe llamar la atención en forma severa al adolescente. Dicha pena le impide al juez aplicar otra superior a la solicitada por la Fiscalía, aunque el adolescente tenga varias condenas por el mismo delito. Esto lleva al delincuente a percibir la pena como una burla (que un juez le llame la atención no lo va a disuadir de cometer nuevos delitos). Lo más grave ocurre al momento del llamado de atención por parte del tribunal: la mayoría de los imputados escuchan al juez riéndose.

La ley requiere modificaciones, pues en casos de delitos más graves -casi el 90% de los ingresos al sistema- el juez no cuenta con la información de peritos o consejeros técnicos, como en el caso de Tribunales de Familia, para determinar qué sanción es la más idónea y proporcional para cumplir las finalidades de las penas para adolescentes. Sólo cuenta al momento de fallar con la solicitud de pena formulada por el fiscal, que actúa como limitante, lo que deriva en que las sanciones fracasasen.

Roberto Montt
Socio Montt & Montt Abogados