EL AREA de justicia de los programas de las candidaturas presenta desafíos en materias de gobierno judicial, reforma a procedimientos y varios aspectos sustantivos. Entre estos últimos, los más relevantes son los del derecho familiar.

El país ha realizado avances notables para ajustar el derecho a la evolución de las costumbres y a la diversidad familiar actual. Dos ejemplos: hasta 1998 se discriminaba brutalmente a los hijos extramatrimoniales, y hasta 2004 no existía divorcio vincular.

Pero hay varias tareas pendientes -abordadas en el programa de Michelle Bachelet-, entre las cuales destacaré la reforma de la adopción, la igualdad entre cónyuges y el reconocimiento de derechos civiles a los convivientes.

En materia de adopción, la ley actual data de 1999 y significó un gran avance en términos de protección de los niños, igualdad y cautela de los intereses familiares. Pero han pasado 14 años y se necesitan mejoras para adaptarla a los nuevos tiempos. Hay puntos muy críticos que dicen relación con la protección del interés del niño, prioridad entre los adoptantes, mejoras al procedimiento, protección de la familia biológica, integración a la familia del abuelo, situación de los niños extranjeros, y todas ellas no se abordan, o se hace de una forma muy discutible en el proyecto del actual gobierno, que fue elaborado apresuradamente, sin una amplia consulta a expertos ni estudios acabados que lo respaldaran.

En materia de igualdad entre cónyuges, la sociedad conyugal arrastra problemas de discriminación contra la mujer y desprotección del patrimonio familiar. Existe un compromiso internacional suscrito por el Estado que nos obliga a ajustarla al principio de igualdad. Por un proyecto presentado en 1995 y que se discutió durante 13 años en el Congreso, se proponía superar estos problemas, sustituir la sociedad conyugal por un régimen de comunidad, y sobre el mismo se habían alcanzado acuerdos para eliminar la discriminación contra la mujer y mejorar la protección patrimonial de la familia. Insólitamente, el actual gobierno olvidó esos avances, abandonó ese proyecto y presentó uno nuevo en 2011, que ha sido ampliamente criticado por no aportar solución a los problemas descritos. Además de mantener la sociedad conyugal, propuso modificaciones tan tímidas, que ni siquiera eliminan la discriminación contra la mujer, y omitió los acuerdos que se habían alcanzado para reforzar la protección de los bienes familiares.

En cuanto a los convivientes, tres medidas parecen necesarias. Ante todo, dotar de reglas generales que permitan proteger patrimonialmente a las uniones de hecho heterosexuales y homosexuales, estables y prolongadas en el tiempo, particularmente en caso de ruptura o muerte. En segundo lugar, crear un Pacto de Unión Civil, una institución de derecho familiar que otorgue un marco normativo integral de aspectos personales y patrimoniales, supliendo las enormes deficiencias y vacíos del actual proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja. Por último, porque existe un consenso creciente en tal sentido, presentar un proyecto de ley de matrimonio igualitario.