LA PRESION sobre el Ministerio de Educación para que retire de tramitación o modifique sustancialmente el proyecto de carrera docente se ha intensificado. El Colegio de Profesores inició la semana pasada un paro indefinido en protesta por esta iniciativa, y los estudiantes reunidos en la Confech harán un paro este miércoles, solidarizando con el gremio del profesorado. Algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría han formulado similar petición al ministro, pues sería inviable dictar una ley que no cuente con el apoyo del magisterio.

El Ministro de Educación planteó ayer que el proyecto no será retirado, “porque es una necesidad para el país”. La decisión resulta acertada, porque si bien el proyecto de carrera docente contiene varios aspectos que podrían perfeccionarse, avanza hacia un aspecto muy relevante para la educación, como es el hecho de premiar a aquellos profesores que demuestran voluntad de perfeccionarse y certificar sus conocimientos. El gremio ha rechazado este proyecto porque a su juicio “mercantiliza” la educación y supone una carga adicional de trabajo que no tiene ninguna otra profesión. La reticencia del Colegio de Profesores hacia sistemas de evaluación efectivos, que liguen remuneración a desempeño, ha sido persistente, y sorprende que su abierta defensa a una reforma educacional exceptúe este aspecto central, que apunta a la calidad.

Ceder en la petición del gremio y de los estudiantes para retirar el proyecto y sustituirlo por otro sentaría un grave precedente, pues validaría las medidas de fuerza de grupos de interés, y debilitaría la institucionalidad del Congreso, como la instancia válida para discutir los proyectos de ley. Lamentablemente el rol parlamentario ha sido minimizado en reiteradas ocasiones -sorprendentemente muchas veces por los propios legisladores, al ceder sin más a “la calle”-, pero ello no justifica insistir en este error, y por ello el proyecto debe continuar con su tramitación. El que no cuente con la aprobación del Colegio de Profesores no ha de ser una justificación válida, porque implicaría confundir el interés general del país con un gremio en particular.