Signo de ordenamiento

El proceso de negociación del reajuste del sector público que fue aprobado recientemente en el Congreso Nacional, por momentos, tuvo rasgos de un serio daño a nuestro sistema democrático. Es quizá el desorden político e institucional más serio de que tenga memoria. El tema tiene muchas aristas, y partamos por la primera. En primer lugar, cuando votamos cada 4 años para elegir al Presidente o Presidenta que encabezará junto a sus ministros el Poder Ejecutivo, el mandato entregado por la gente, o el pueblo si se quiere, es representar el interés general de todos los chilenos. Una de las labores más importantes, e ingratas, es cuidar la billetera del Fisco, es decir, decidir la asignación de estos recursos entre diversas alternativas de bien común, en el contexto, por supuesto, de las prioridades de política del programa de gobierno elegido. Para ejercer su función pública, el Poder Ejecutivo contrata a funcionarios públicos que ayudan a proveer todos los servicios que el Estado requiere para funcionar. En esta función, y en especial en el costo de remuneraciones, el Poder Ejecutivo es un mero empleador. Las remuneraciones del sector público no son un gasto social. Son el costo que debe pagarse en recursos humanos para proveer los servicios que todos los chilenos requerimos de nuestro Estado. Cuando la Presidenta y su ministro de Hacienda dijeron tres veces que no podían subir del 3,2% estaban cumpliendo su mandato de reservar recursos y asignarlos a otras prioridades. Cuando los dirigentes de los funcionarios hacen paros, extorsionan o secuestran a todos los chilenos, es una presión indebida e inaceptable, pues no podemos recibir los servicios públicos que el Estado debe proveer. Un segundo aspecto muy delicado es que estos paros son ilegales. Están prohibidos por ley. Aquí no impera la ley y ello lo hemos tolerado por demasiado tiempo. Un Estado que no puede hacer imperar la ley es un estado débil. El secuestro de la ciudadanía ha sido recompensado con mayores salarios cada vez que hay paros. Los dirigentes nos dicen que se trata de justicia social y muy frecuentemente se responde con silencio. Mucho más justicia social es que la diferencia entre el 3,2% y cualquier reajuste mayor vaya a mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables de la población y a cubrir las necesidades de salud de esos mismos sectores. El gobierno no fue miserable con sus trabajadores, en realidad ha sido solidario con los más necesitados. Por ello, esta ocasión es una esperanzadora excepción.

El paro ilegal, los insultos de las graderías y el secuestro de la ciudadanía fueron derrotados en favor del interés común. La Presidenta y su ministro de Hacienda nos representaron a todos en esta firme decisión y espero nos sigan representando a todos cuando se hagan los descuentos correspondientes por los días no trabajados. Una tercera arista muy compleja es lo que ocurrió en el Congreso Nacional y en particular en la Cámara de Diputados. Cuando votamos por un Congreso, lo que estamos haciendo es elegir nuestros representantes para que colegislen, obviamente, con el mandato también del interés común. Que yo recuerde ningún legislador fue elegido haciendo campaña para darse un gustito con el ministro de Hacienda. "Elíjame, yo le negaré la sal y el agua al ministro de Hacienda". ¿Qué interés estaban defendiendo los diputados que rechazaron o se abstuvieron en el reajuste? Creo que tenemos un problema de representación, y ello sólo se puede resolver en la próxima elección.

Pero lo que ocurrió esta semana es un signo de ordenamiento. Por esta senda podremos ver una recuperación del bajo crecimiento de nuestra economía. La economía se recuperará, esto es saldrá del bajo crecimiento de entre 1,5% y 2%, a la misma velocidad que ocurran nuevos signos de ordenamiento. Un buen presupuesto. Abstenerse de nuevas legislaciones conflictivas de confrontación, abrir el espacio para que los temas que nos dividen se resuelvan democráticamente en la próxima elección presidencial y legislativa, mirándonos a los ojos.