LA VIGENCIA de los principios de probidad y transparencia en todos los niveles de nuestra sociedad es esencial para la institucionalidad democrática, la convivencia social y el desarrollo económico. La confianza de la ciudadanía en la transparencia y la probidad de nuestra sociedad ha sido puesta a prueba por conductas reñidas con estos principios tanto en la actividad privada como en el ámbito público y político.

Durante los últimos 25 años se han invertido esfuerzos en mejoras institucionales pro transparencia y probidad en el sector público. No obstante, y sin perjuicio de la efectividad de la regulación, no es posible erradicar totalmente las malas prácticas, las que pueden reducirse, pero no desaparecen, como se observa aún en los países con mayores estándares de transparencia.

El perfeccionamiento de las normas debe buscar inhibir el tráfico de influencias, la corrupción y las prácticas ilegales de los agentes económicos, para lo cual es necesario perfeccionar las sanciones y la fiscalización, como lo han planteado diversos actores. Sin embargo, la experiencia muestra que la fiscalización es más difícil y onerosa cuanto más compleja es la regulación. Por otra parte, el escrutinio público es una forma de fiscalización altamente disuasiva, de modo que la profundización de las obligaciones de apertura de información para entidades públicas y privadas es un mecanismo efectivo para inhibir conductas que atentan contra la ética y la probidad.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2009 representó un cambio de tendencia en la relación entre Estado y ciudadanía, y su implementación ha permitido reducir espacios de opacidad en la gestión pública. No obstante, la práctica de seis años ha mostrado la necesidad de profundizar y ampliar el ámbito de aplicación de esta norma. Así, se presentó en 2013 un proyecto de ley con ese objetivo, que ha avanzado muy lentamente en su tramitación. Los casos descubiertos durante el último año han corrido la vara de exigencia de la ciudadanía. La propuesta de perfeccionamiento de las normas debe ser revisada para que responda a los estándares que el país está reclamando actualmente. El Consejo para la Transparencia considera necesario, entre otros aspectos, introducir el reconocimiento constitucional del principio de transparencia y del derecho de acceso a la información, la autonomía constitucional del Consejo para la Transparencia y la extensión de los sujetos obligados, aspectos en los que coinciden diversas instituciones especializadas en la materia, en un avance consistente con la experiencia internacional.

Asimismo, la realidad muestra la existencia de nichos importantes de opacidad en algunos sectores relacionados con procesos de decisión del Estado, con efectos en la actividad privada. El otorgamiento de concesiones, subsidios y permisos de muy variada naturaleza implican procesos administrativos que no están abiertos en forma efectiva al escrutinio público. La reforma de las obligaciones de publicidad a nivel sectorial es crucial para eliminar peligrosos nichos de opacidad en la gestión pública.