UN ESTUDIO de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) acerca de la educación en sus países miembros incluyó por primera vez a Chile en esa calidad, aportando información acerca de la realidad nacional y su comparación con naciones de mayor desarrollo.

La membresía de Chile en la Ocde -objetivo que se concretó en 2009- permite acceder a este tipo de trabajos, que hacen posible compararse con los mejores, un aliciente para subir los estándares. En este caso concreto, el informe arroja resultados que muestran algunas áreas en las que, pese a los progresos registrados en el último tiempo y de los cuales el país se ha enorgullecido, existe todavía amplio espacio para mejorar. Por ejemplo, no obstante que en Chile la proporción de alumnos que terminaron el colegio subió de 46% en 1995 a 69% en 2008 y que eso ubica al país muy por encima del promedio latinoamericano (51%),  la tasa de graduación es muy baja cuando se la compara con los otros integrantes de la Ocde, donde Chile se ubica en el lugar 23 de 26 países miembros. De la misma forma, Chile es penúltimo en la Ocde al medir la proporción de mujeres entre 25 y 64 años que completó la educación media y trabaja en el mercado laboral. En estos y otros ámbitos, el país debe recorrer todavía un largo trecho para sacar el mejor rendimiento posible a sus recursos humanos.

Otro dato interesante, y en el cual hay posibilidades de una acción más inmediata, es el que se vincula al gasto dedicado por el Estado a la educación. En Chile, según el informe, se invierten al año en promedio US$ 3.088 por alumno (desde el nivel básico al universitario). De esa cifra, que es muy baja si se toma en cuenta al resto de los países de la Ocde (EEUU, por ejemplo, dedica cinco veces más), una proporción comparativamente alta (40%) es aportada por las familias de los alumnos. Aunque esto revela un saludable compromiso familiar con la educación de sus hijos, también habla de una presencia relativamente baja del Estado. Considerando las numerosas externalidades positivas que supone la educación para la sociedad, parece prudente aumentar los recursos dedicados a ella, especialmente los destinados a los sectores más vulnerables. En ese sentido, aumentar la subvención escolar preferencial creada en 2008 para los alumnos más necesitados, como anunció el Ministerio de Educación hace unas semanas, asoma como una decisión acertada.

Es una realidad que en Chile el gasto fiscal dedicado a Educación ha subido con fuerza en los últimos años (aunque, comparado con la mayoría de los países de la Ocde, el 4,02% del PIB dedicado al tema sigue siendo bajo). Sin embargo, pese a que el alza en los aportes ha permitido aumentar la cobertura de los sistemas escolar y universitario (por ejemplo, a través de becas a grupos de menores ingresos), no ha ido acompañada por avances en la calidad de la educación, aspecto en el que existe una enorme deuda. Por lo tanto, es importante que el deseable incremento en gasto fiscal dedicado a Educación conduzca al mismo tiempo a los largamente pospuestos saltos cualitativos en este ámbito. Es urgente que se produzcan cambios para que una inversión tan cuantiosa y necesaria no termine favoreciendo a grupos de presión que han capturado la burocracia y la práctica educacional chilena y que son refractarios a reformas que, de manera inevitable, afectarán sus intereses.