Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

El 18 de octubre de 2019 es un día difícil de olvidar, que tendrá repercusiones importantes para Chile. Muchos tienen la esperanza que haya sido el inicio de una vida mejor, porque lo asocian con el inicio del proceso para cambiar la Constitución. La mayoría de ellos no conocen lo que dice la Constitución, o tienen una visión distorsionada de ella. Tampoco saben cómo un cambio en la Carta Fundamental podría traer mayor bienestar a sus vidas; pero tienen esa ilusión. Otros ven con inquietud el proceso y prefieren que, de haber cambios en la Constitución, estos se hagan en un proceso más gradual y no en uno refundacional que parta de una hoja en blanco. Muchos de ellos tampoco conocen los contenidos de la actual Constitución.

Pero hay algo más por lo que el 18 de octubre es importante. Por primera vez desde marzo de 1990, cuando volvió la democracia, se usó la violencia para obtener objetivos políticos. Quienes firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución no han hecho mucho para mantener la paz y sí se han afanado en el proceso constituyente. En buen chileno, se han hecho los lesos sobre la gravedad que tiene validar la violencia como método para obtener objetivos políticos y las consecuencias para el futuro del país que puede traer esa validación. Por si acaso, los políticos se las han arreglado para tener al responsable del orden público, el ministro del Interior, en capilla (acusado constitucionalmente) cuando se prevén desórdenes en los días que vienen.

La esencia tras quien se hace el leso es la comodidad, ya lo veremos más adelante, se dice. Por eso quienes planteamos esta inquietud somos incómodos para los políticos que no hacen bien su trabajo y para quienes son complacientes con ellos. ¿Qué puede esperarse de un país en que las diferencias entre sus ciudadanos se definen a palos, piedras o balazos, en lugar de utilizar la institucionalidad para dirimirlas?

Un rol clave en el proceso que llegó a validar la violencia lo juega la idea de que la que se ve en las calles es una respuesta a una violencia “institucionalizada” presente en las estructuras de la sociedad. En el libro Hilos Tensados acerca de octubre de 2019, Nelson Beyer dice que la representación antinómica entre política y violencia está desafiada y que la reciprocidad entre ciudadanos y Estado (“renuncia a la violencia y yo te protegeré”) está interrumpida por un régimen de usurpación, por lo que hay que evitar la tentación de sumarse al coro que invita a condenar la violencia venga de donde venga.

Jorge Millas, en el artículo Las máscaras filosóficas de la violencia, nos decía que el concepto de violencia institucionalizada es una incoherencia. Desde el momento en que la violencia se institucionaliza y se somete al orden jurídico, ya no es violencia, sino fuerza institucionalizada. Debiéramos escuchar más a Jorge Millas.