Por Miguel Ángel Vargas, decano Facultad de Economía y Negocios UNAB
La semana pasada se funó a la ministra Schmidt por la aprobación del proyecto Dominga. La funa es una expresión violenta que va en contra, entre otras cosas, del debido proceso y la presunción de inocencia. Mas, ya no basta con solo condenarlas, urge indagar respecto de sus causas. Indudablemente son muchas, aunque hay una que se nos presenta flagrante: la desconfianza. Hay una creciente sospecha de que las instituciones no funcionan, o al menos no lo hacen para cumplir con su rol de garantes del bien común, sino que solo favorecen a una élite inescrupulosa. Razones hay para que esto sea así. Una a una, instituciones como la Iglesia, los partidos políticos, el Ejército, Carabineros e incluso los estudiantes universitarios y la compra masiva de pruebas y exámenes en internet, o la colusión observada en algunos mercados han provisto combustible para esta desconfianza. Así, ante la posibilidad de que los culpables de algún delito queden en libertad gracias a su poder e influencia, la funa surge como la única opción posible para que paguen por sus faltas.
Más allá del diagnóstico, que a esta altura es bastante conocido, qué podemos hacer para reconstruir la confianza generalizada y en las instituciones, ambas axiales para el capital social.
De acuerdo con diversos estudios, se hallan positivamente relacionados con estos dos tipos de confianza la participación democrática, la equidad, el tipo de educación y, por controvertido que suene, el individualismo y el libre mercado. Por ejemplo, la elección democrática de gobernadores que cuenten efectivamente con atribuciones eleva el nivel de participación democrática. Elecciones locales de esta índole, según estudios realizados con datos de Suiza, tienen un impacto positivo en la confianza. Respecto de la educación, lo que importa no son solo los años de escolaridad, sino que la manera en que enseñamos. Lo que se requiere son modelos transversales, donde los alumnos trabajan colaborativamente en clases interactivas en las que el profesor es un guía, no una autoridad que los niños deben escuchar pasivamente. El individualismo se halla correlacionado con la moral generalizada, ya que ciudadanos individualistas ven a toda la sociedad como su grupo de pertenencia en lugar de comunidades estancas, en donde la confianza se ejercita en su interior, pero se desconfía de los miembros de las otras comunidades. La economía de mercado, basada en transacciones voluntarias entre personas que no se conocen, al amparo de la predictibilidad que provee la estructura legal y los derechos de propiedad, genera mecanismos para que las personas confíen las unas con otras.
La redacción de una nueva Constitución es una oportunidad para avanzar en una institucionalidad que revitalice la confianza, primero, porque es un ejercicio de legitimidad y, segundo, porque puede establecer normas que la promuevan, siempre que se tengan en cuenta consideraciones como las señaladas. Finalmente, la nueva Carta Magna debe responder a una razón pública, elaborada de manera racional y razonable, y no a una moral omnicomprensiva, de tal forma que todos confiemos en ella y en las instituciones que de ésta se deprendan.
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