SEÑOR DIRECTOR

El impacto contaminante de las empresas en la zona de Quintero-Puchuncaví ha afectado durante ya demasiado tiempo a miles de chilenos que han debido soportar un importante menoscabo a su calidad de vida. Para ellos, la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha sido letra muerta.

Pero lo peor ha estado en las señales que se han entregado ante la seguidilla de emergencias conocidas en las últimas semanas: cerrar escuelas y dejar que las industrias sigan funcionando.

¿Acaso algo cambia con los niños en sus casas o jugando en la calle y no en los patios de sus colegios? ¿O en realidad lo que de verdad generaría un cambio es que los niños estuvieran seguros y a salvo en sus salas de clases, mientras las industrias detienen su funcionamiento hasta que no se resuelva como corresponde los estándares mínimos con los que debieran haber estado operando desde hace mucho tiempo?

No se entiende que se siga castigando a inocentes de esta vergonzosa historia y los culpables insistan en su inocencia en una disputa política que, y esto es lo más grave, intenta desvincular la responsabilidad de empresas públicas.

En palabras simples: ha sido el Estado quien ha estado intoxicando a sus ciudadanos. Y ha sido ese mismo Estado el que ha dado una respuesta tardía, equívoca y confusa para remediar la situación de este verdadero "Chernóbil chileno".

En medio de esta crisis medio ambiental, lo que ha reinado es la incerteza de quién efectivamente ha sido el responsable y qué es exactamente lo que ha pasado.

Los ciudadanos, sin embargo, tienen derecho a exigir una única certeza: que el Estado, por fin, se ponga del lado de ellos. No es un favor, sino su obligación.

Matías Asún

Director Nacional de Greenpeace Chile