Abuso del poder político: un plan bien urdido




Los acontecimientos de los últimos meses han evidenciado que la oposición desarrolla un plan que se nutre de, al menos, cinco objetivos. Primero, amedrentar y desestabilizar al gobierno mediante acusaciones constitucionales y una permanente crítica no constructiva para solucionar los problemas; segundo, el grave intento de socavar la independencia de los jueces, impidiendo su nombramiento en la Corte Suprema basados en que ciertos fallos no resultan de su agrado; tercero, incitar a la alteración del orden público, guardando silencio, e incluso a veces aceptando actos de evidente violencia. Al respecto, no ha existido ninguna propuesta para erradicarla, sino, al contrario, una estrategia para responsabilizar al gobierno. El llamado “estallido social” fue una expresión pacífica que pedía cambios en materias sociales, educacionales, de pensiones y de salud, pero lo que vino en los siguientes días fue la acción concertada de un grupo menor que, hasta hoy, destruye, roba, ataca a Carabineros y afecta el desarrollo de todas las actividades en el sector de las manifestaciones. La oposición mide con distinta vara los actos de violencia, esquivando rechazar la muerte de un trabajador en La Araucanía, pero acusando responsabilidad del gobierno en el lamentable accidente del joven que cayó del puente en Pío Nono, en que existe un carabinero imputado por un acto propio no ordenado por su jefatura. Al mismo tiempo, la oposición insta a reducir los medios disuasivos para contener la violencia y enarbola la defensa de los derechos humanos, obligatoriamente respetables, pero no cuando se trató del grave daño causado con bomba incendiaria a una oficial. En cuarto lugar, se emplea como caballo de batalla la violencia para acusar al Ejecutivo sin que exista ninguna iniciativa para actuar contra ella, sino solo para responsabilizar al ministro del Interior. Y quinto, se busca generar un ambiente emocional adverso a la institucionalidad vigente en los futuros constituyentes, encaminado a retomar un esquema estatista con predominio del Parlamento,

En perseguir estos objetivos, se hace creer a la ciudadanía que senadores y diputados respetan la Constitución, cuando es todo lo contrario. Las acusaciones constitucionales son meros instrumentos políticos que pretenden eludir su propia responsabilidad, en tanto que la verdad es que propician la alteración del orden público y comprometen gravemente el orden institucional, sancionado con la destitución. Se ha afectado el bien común, con abuso de poder, en el intento de avasallar las instituciones del Estado.

A su turno, el gobierno y quienes todavía lo apoyan, no han tenido coraje ni fuerza para hacer respetar el cumplimiento de la ley, tolerando el desmantelamiento de las instituciones y acrecentando la sensación de indefensión de los ciudadanos. Entre tanto, los vándalos gozan de buena salud y protección.

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