Acuerdo del gobierno argentino con acreedores

El acuerdo del gobierno argentino con tres grupos de acreedores que representan una deuda de US$ 65 mil millones, anunciado ayer, es una noticia positiva en medio del complejo escenario económico que está atravesando ese país y que se ha visto agravado por los efectos de la pandemia. El resultado de la compleja negociación, que tuvo que postergarse en dos ocasiones, recibió un amplio respaldo político y le permite a Argentina dar el primer paso en la reestructuración de su deuda y salir del default selectivo en el que entró en mayo pasado. Según el comunicado del Ministerio de Economía, el acuerdo proporciona un alivio significativo de la deuda, el que fue estimado en US$ 33 mil millones, según el propio Mandatario argentino, quien además aseguro que ello “despeja el horizonte” económico y ofrece “un mejor escenario” para los inversionistas.

Según el acuerdo, el gobierno cedió en pagar US$ 54,8 por cada US$ 100 de deuda, muy por encima de su posición inicial que se ubicaba en US$ 40 y no muy lejos del mínimo que habían fijado los acreedores durante la negociación, que era de US$ 60. A cambio de la rebaja aceptada por los bonistas, Argentina acordó adelantar las fechas de pagos de los intereses, previstas inicialmente para el 4 de marzo y el 4 de septiembre, al 9 de enero y el 9 de julio, y los nuevos bonos vencerán en julio de 2029. Además, el gobierno transandino se comprometió a “ajustar ciertos aspectos de las cláusulas de la acción colectiva de los nuevos bonos” que preocupaba a los acreedores. Por su parte, los bonistas cubrirán los gastos legales de la reestructuración. El acuerdo fue bien recibido por el mercado. Ayer las acciones argentinas registraron alzas de hasta 9% en Wall Street y el dólar marcó una caída de 8% frente al peso.

Con el cierre de este capítulo, Argentina da un paso importante en su proceso de reestructuración de su deuda, pero está lejos de cerrar el tema. Los bonistas extranjeros representan el 20% del total de la deuda pública argentina, que asciende a US$ 320 mil millones. Si bien éste era el escollo más complejo que enfrentaba la Casa Rosada, ésta aún debe iniciar un proceso de negociación con el FMI. El país mantiene una deuda con ese organismo por US$ 44.100 millones, cuyos vencimientos se concentran entre 2021 y 2023, confiando en alcanzar un acuerdo que ayude a aliviar esa carga. Según el FMI, para que el endeudamiento argentino sea sustentable se debe lograr una rebaja de entre US$ 50 mil millones a US$ 80 mil millones. El acuerdo con los bonistas rebajó esa carga en US$ 33 mil millones, por lo que aún queda camino por recorrer.

Si bien el anuncio de ayer le da un respiro al Presidente argentino, los desafíos para el país siguen siendo considerablemente complejos. La crisis sanitaria causada por el coronavirus no solo ha afectado la actividad productiva del país -cuyo PIB, según estimaciones del FMI se contraería este año cerca de un 10%-, sino que además ha implicado un aumento del gasto fiscal. El país -en recesión desde 2018- ha destinado más de US$ 20 mil millones para ese objetivo, agravando su ya elevado déficit fiscal. Ello sumado a la presión inflacionaria que generará el aumento de la emisión monetaria registrada en los últimos meses, pone al país frente a un escenario complejo que exige un manejo fiscal responsable.