Con acuerdos políticos, no hay recesión

En las últimas semanas, la incertidumbre política y la incertidumbre económica se han instalado en el centro de la discusión social, tomando dimensiones nunca vistas en los últimos 30 años de la historia de nuestro país. ¿Cómo se configuró este escenario?

El estadillo de violencia y la falta de seguridad pública movilizaron a los agentes económicos a contraer fuertemente su demanda, tanto de consumo como de inversión, a ajustar sus portafolios, reduciendo sus activos en moneda nacional y aumentándolos en moneda extranjera, y a restringir su oferta, ya que muchos negocios se vieron impedidos de operar con normalidad.

La persistencia de este escenario y su evolución futura no son fáciles de predecir.

Durante los últimos 35 años, hemos asistido a tres crisis que, aunque son comparables, muestran diferencias fundamentales respecto de la situación actual: la crisis asiática de 1998, la crisis financiera de 2008, y la reforma tributaria y laboral en 2014. En las dos primeras, la economía chilena cayó en recesión, mientras que, en la última, hubo un aumento de la incertidumbre y una pérdida de la confianza empresarial, que significó una ralentización del crecimiento que se prolongó durante cuatro años. Ninguna de ellas, sin embargo, estuvo acompañada de aumentos tan significativos en la incertidumbre, ni menos de una pérdida de la seguridad pública como ha ocurrido en la actual.

Así las cosas, la primera respuesta de política económica provino del Banco Central, que inyectó liquidez en moneda extranjera al mercado local, para facilitar el normal funcionamiento de los medios de pagos, tanto internos como externos, y así enfrentar la enorme salida de capitales producto de la incertidumbre. Luego, anunció una gran intervención cambiaria para estabilizar el valor del dólar, no pudiendo rebajar la tasa de interés para estimular la demanda agregada, debido al riesgo de una depreciación aún mayor del peso.

La segunda respuesta de política económica, en tanto, provino del gobierno que incrementó el gasto fiscal en aproximadamente 6.600 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 9,8% anual, lo que permitió satisfacer en parte las demandas sociales, así como también estimular el crecimiento económico del próximo año. Esta receta fue aplicada con éxito durante el gobierno de Michelle Bachelet, en el año 2009, cuando se aumentó de manera importante el gasto fiscal, lo que permitió reducir la caída de la economía que ese año llegó a -1,6%.

En este contexto, el riesgo de recesión ha disminuido en forma significativa después de aprobado el paquete fiscal, y el propio Banco Central proyectó un crecimiento para el próximo año que estaría entre 0,5% y 1,5%.

Sin embargo, algunos riesgos todavía persisten. Primero, la falta de control del orden público sigue siendo la principal fuente de incertidumbre, toda vez que los proyectos de ley que permitirían superar esta situación aún se discuten en el Congreso, y mientras que esto no se resuelva, las expectativas de los agentes económicos no se van a estabilizar, así como tampoco va a terminar la salida de capitales. Segundo, el gobierno ya hizo el máximo esfuerzo fiscal razonable, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. En 2009, cuando el gobierno realizó un paquete fiscal expansivo, la deuda pública representaba el 5% del PIB. Ahora, en cambio, ésta representa del orden de 27%, y con los anuncios realizados llegará a 40%, pudiendo incluso aumentar a 50% en un escenario más negativo. Así, es de esperar que la larga historia de recesiones autoinfligidas de las economías latinoamericanas nos alerte, y nos obligue a encontrar nuevas soluciones que no signifiquen sacrificar mayor sostenibilidad fiscal para "comprar" la tan anhelada paz social.