La capacidad de adaptarse es una cualidad, probablemente evolutiva, necesaria para la vida. Nuestros sentidos y nuestra mente tienen la extraordinaria habilidad de ajustarse a los estímulos, de manera que pueden convivir con ellos, tolerando perturbaciones físicas, químicas o emocionales de un rango impresionante. La sabiduría popular lo expresaba de una manera muy simple: “A todo se acostumbra uno”.

Pero esta facultad tiene también una dimensión perversa: los seres humanos nos adaptamos a circunstancias moral o éticamente intolerables. Así, terminamos aceptando, o incluso justificando, abusos, negligencias, conductas dañinas que acaban incorporándose a la habitualidad de las relaciones sociales. Hasta hace muy poco sucedía con la violencia intrafamiliar. Afortunadamente, hoy social y culturalmente reprochada.

Pero no ocurre lo mismo con la negligencia en la política, en la gestión de los bienes comunes, pues allí sigue campeando la adaptación más absoluta y perversa. Leer que “no se cumplió con la regla fiscal” es casi equivalente al descubrimiento de algún tipo de roca en la superficie de Marte. Que la Dirección de Presupuestos se equivocó en el cálculo de los ingresos o que el gas “a precio justo” fuera, en realidad, “gas a precio escandaloso”, meras anécdotas.

Esta semana se hizo público que el subsecretario de Pesca entregó información groseramente incorrecta en el Congreso, en sesión formal, en un aspecto que está en el centro de sus responsabilidades y que era fundamental para el proyecto de ley que se discutía en tercer trámite constitucional. Es evidente que se trata de un tema muy apropiado para una columna dominical como esta, recordar aquí principios como el de la responsabilidad, que la culpa grave equivale al dolo o que los perjuicios para las personas normales, para miles de trabajadores y sus familias, es gigantesco.

Pero, seamos sinceros, para qué. ¿El Presidente de la República -de cuya confianza depende el subsecretario- le va a solicitar la renuncia? Desde luego que no. De hecho, lo primero que hizo el ministro de Economía, su superior inmediato, fue respaldarlo. ¿Alguien en el gobierno se va a hacer cargo de los perjuicios causados? ¿Alguien va a revisar la ley y va a estar dispuesto a corregir con urgencia lo mal hecho? Y lo más grave: ¿Habrá una opinión pública indignada que cobrará las responsabilidades? Como dicen los jueces en sus resoluciones, a todo no ha lugar. Nada de eso sucederá, lo sabemos.

Es que vivimos en una sociedad en que si hay algo que “se hizo costumbre” es el populismo, la chapucería, la irresponsabilidad y el doble estándar. Que la política es así, se volvió para la sociedad una suerte de hecho de la naturaleza, algo que no va a cambiar y con lo que tendremos que vivir.

Pero ninguna democracia puede subsistir así, ningún sistema político sostiene su legitimidad eternamente con esta impunidad y con este desapego crónico de sus ciudadanos, ni hay progreso posible. A alguien debiera importarle, algunos desadaptados debieran quedar por ahí.

Por Gonzalo Cordero, abogado