Frente a los últimos hechos ocurridos en Chile y el cierre de muchos locales de abastecimiento de alimentos, entre otros sucesos, cabe cuestionarse sobre cuál es el nivel de preparación que tiene el país para garantizar el acceso de la población a una alimentación adecuada en situaciones de emergencia.

Chile se caracteriza por estar sujeto a imprevistos como terremotos y crisis naturales en su territorio, pero en estas últimas semanas ha vivido una serie de eventos que han afectado el normal funcionamiento de varios sectores del sistema alimentario debido a las manifestaciones sociales y medidas de seguridad que comprometen la disponibilidad y el acceso a alimentos sanos, de calidad y seguros para las familias.

Los acontecimientos recientes plantean una serie de inquietudes como: ¿Qué medidas toma un país tan extenso como es Chile frente a una crisis que puede repercutir en cualquier eslabón de la cadena alimentaria?

La seguridad alimentaria y nutricional se compone de cuatro aristas muy importantes y altamente vulnerables: la disponibilidad de alimentos nutritivos, el acceso físico y económico a los mismos, su correcta utilización y finalmente la estabilidad de la oferta en el tiempo.

Si por las manifestaciones sociales, o alguna otra razón, se detiene la actividad en los puertos y no se puede exportar, es probable que el mercado interno pueda consumir los productos. Distinto es cuando el valor del dólar aumenta, y los productos que se importan suben de precio, siendo menos asequibles para la población más vulnerable. Sumado a las variaciones del dólar, los paros de camioneros o cortes de carreteras también constituyen un riesgo para la seguridad alimentaria, ya que impiden la normal distribución y acceso a los alimentos a nivel nacional.

En situaciones normales, en Chile existe un 14% de la población con inseguridad alimentaria moderada, sin acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos (SOFI 2019). Esta cifra aumenta frente a circunstancias como las ocurridas en las últimas semanas en donde la población vivió un escenario de desabastecimiento de alimentos, lo cual también compromete la salud de las comunidades sin acceso al comercio o a la movilización para comprar sus alimentos. A nivel mundial, el conflicto es la principal causa de inseguridad alimentaria y en 2018 afectó a 74 millones de personas (FSIN, 2019).

Potenciar a pequeños y medianos productores, dueños de almacenes y negocios de barrio, feriantes y la agricultura familiar pueden ser alternativas costo efectivas para asegurar el acceso a los alimentos frente a estados de emergencia o en tiempos de crisis.

Durante estas semanas el aprovisionamiento de alimentos  fue  garantizado gracias a la agricultura familiar campesina, donde su intervención frente al cierre de las grandes cadenas de suministro de alimentos, fue clave, ya que fueron estos quienes entregaron sus productos  en los mercados locales, además de los circuitos tradicionales de abastecimiento, como lo son las ferias libres, lo que parece contradictorio en países con institucionalidades relativamente establecidas y que han desarrollado sistemas de comercialización de alimentos cada vez más exigentes, pero que suelen ser restrictivos para los pequeños productores.

La representación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Chile (FAO) insta a todos los actores, públicos y privados, a considerar una mejora en los sistemas de prevención de riesgo para garantizar la seguridad alimentaria de la población en tiempos de crisis, así como también, la inclusión a la brevedad del Derecho a la Alimentación Adecuada de modo explícito en la Constitución. FAO se compromete a colaborar con todos los sectores para potenciar dichos sistemas, armonizar los diálogos entre los actores y brindar la asistencia técnica que requiera por varios sectores de la población a fin de velar por el bienestar y la seguridad alimentaria de todas las personas.

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