Por María Isabel Díaz, ex subsecretaria de Educación Parvularia
El proyecto de ley de kínder obligatorio ha presentado una fractura estructural en su tramitación. Muchos se preguntarán cuáles son las razones para cuestionarlo, cuando en la práctica el 97% de los niños ya asiste a ese curso y solo un poco más del 3% no está incorporado. Por supuesto, nadie está en contra de que asistan, se integren y aprendan en el kínder, como se ha tratado de instalar confusamente en los debates y en los medios. Esa no es la polémica de este proyecto. Por el contrario, se ha insistido en que es necesario activar todas las medidas posibles para ampliar la red pública y apoyar los mecanismos locales que permitan la asistencia regular y el logro de aprendizajes.
En una primera lectura, no debiera presentar cuestionamiento, dado que el proyecto busca, por un lado, regularizar el mandato constitucional de obligatoriedad gradual y, por otro, incorporar a ese grupo de niños que está fuera del sistema. Sin embargo, durante su tramitación se constataron una serie de aristas técnicas que limitan cumplir con una de las ideas matrices del proyecto, cual es asegurar el acceso y permanencia de ese grupo que hoy no está asistiendo y que precisamente requiere máxima atención. Por otra parte, tampoco consigna mejoras significativas en la oferta ni asegura incrementos en los estándares de calidad educativa para los que están asistiendo.
Se ha dicho que la obligatoriedad en el kínder podría disminuir el ausentismo crónico que se presenta en determinados contextos (y que no solo afecta a este nivel educativo), sin embargo, teniendo presente que los niños y niñas que participan de manera voluntaria en el kínder deben cumplir igualmente en forma obligatoria con exigencias de asistencia por los requisitos de la subvención, vemos en concreto que, de acuerdo al contenido del proyecto, no habría cambios evidentes y significativos en el plano educativo, que puedan modificar positivamente esos comportamientos.
La interrogante que surge es cuál sería el aporte de consignarle obligatoriedad a un curso que en la práctica ya es asumido por la gran mayoría de las familias (97%) como un escalón formativo necesario para la trayectoria educativa. La respuesta concreta es que la actual normativa propuesta para el kínder obligatorio, no tendría ningún valor agregado en el proceso de aprendizaje. En definitiva, lo que hace es obligar la asistencia a la escuela de un grupo excluido (3%) sin asegurarles condiciones necesarias para su efectiva incorporación.
En un reciente debate, el Ejecutivo reconoció que el proyecto no se caracterizaba por ser “ambicioso”, pues solo tenía el propósito de cumplir con un mandato constitucional. Probablemente esa carencia es la piedra de tope que tiene paralizado al proyecto.
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