Arma constitucional

Piñera Blumel y Cubillos

FOTO: AGENCIAUNO.



¿Estamos solo en presencia de una histérica pataleta? Es difícil auscultar las razones detrás del anuncio gubernamental de llevar al Tribunal Constitucional unas 17 mociones parlamentarias presentadas por la oposición. Se trata de una evidente capitulación frente a la batalla comunicacional por el proyecto de 40 horas, disputa que el gobierno comenzó a perder de forma muy temprana y cuyos propios errores -de un amateurismo que incluso ni siquiera conocíamos en la derecha- los llevaron a un situación insostenible.

La idea de que el gobierno no es capaz de dar una solución política a este debate, intentando revertir por secretaría lo que no pudo hacer consiguiendo una mayoría, se agrava con el hecho de alimentar las dudas sobre la imparcialidad del TC; el que, como si fuera poco, es ahora presidido por quien fuera la jefa de asesores del segundo piso en la primera administración de Piñera. Así, el gobierno no solo reedita el debate sobre la legitimidad democrática de esta institución, sino también se expone a que eventualmente se resuelva en definitiva que algunas de esas iniciativas de ley sí son consistentes con nuestra Constitución. Me imagino que es un camino que el Ejecutivo no debería querer transitar, más cuando la inconstitucionalidad de muchos de los proyectos de ley e indicaciones que el mismo gobierno ha patrocinado resultan más evidentes y groseras que las ahora tan desesperadamente denunciadas.

Pero al frente ocurre otro tanto y, después de varios intentos fallidos, ahora un grupo de parlamentarios de la oposición presentó una acusación constitucional contra la ministra de Educación. Más allá de la debilidad del libelo, por decirlo de manera muy elegante, lo que se evidencia es la escasa comprensión, tanto en sus posibilidades y límites, del debate político en una democracia.

Se puede estar radicalmente en contra de las propuestas educacionales levantadas por este gobierno, y se puede considerar que Marcela Cubillos ha deliberadamente ensombrecido las bondades de la reforma anterior, al mismo tiempo que ha exagerado sus dificultades -ambas cuestiones que yo suscribiría-, pero nada de eso amerita, después que incluso el Ejecutivo fuera democráticamente derrotado en el Parlamento con su respectivo proyecto de ley, que ahora se le pretenda destituir de su cargo e inhabilitarla por cinco años.

La derecha fue cruel e injusta con Yasna Provoste y la ex Nueva Mayoría no lo hizo mejor en relación a Harald Beyer. Por lo mismo, esto hay que pararlo ahora. Si hay una garantía que debe dar toda institucionalidad política, partiendo por su Constitución, es que da cabida al debate de ideas diversas, ya que en la discusión democrática no hay más fuerza que la que importan los propios argumentos.

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