Asamblea ciudadana

Por Victor Barrueto, director de la Fundación Por la Democracia

Se presentó por un grupo de convencionales una iniciativa de norma constitucional para crear la “Asamblea Ciudadana” como parte del nuevo sistema político. Esta idea fue rechazada en la comisión respectiva, decisión que sorprende, ya que la ruptura y distancia del mundo político con lo social es una, sino la principal, característica de la crisis que vivimos.

La crisis reciente es también una de la democracia representativa, que obliga a mejorarla para hacerla más representativa aún; pero también complementarla con una democracia participativa y directa, entre otras, como la local. La participación ciudadana real constituye uno de los cambios mas importantes para democratizar nuestra democracia en la nueva Constitución. La ciudadanía, como hemos visto muchas veces, en particular el último tiempo, se resiste cada vez más a una lógica vertical de arriba hacia abajo. Al contrario, la consideración de abajo hacia arriba, en una mirada más horizontal, de la sociedad civil y la participación de la ciudadanía, de quienes son los actores sociales de los cambios, puede desbloquear nuestra democracia. Pues bien, la Asamblea Ciudadana contribuye tanto a mejorar la democracia representativa como a impulsar la democracia participativa.

Pero, ¿qué es la Asamblea Ciudadana? Básicamente, es una asamblea económica, social y ambiental, donde se encuentra la sociedad civil organizada, y su misión es hacer recomendaciones y propuestas a los poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo), sustentadas también en la participación ciudadana. ¿Cómo? Las consultas a la ciudadanía pueden tomar varias formas: organización de convenciones ciudadanas sobre un tema particular, inclusión de grupos de ciudadanos sorteados para pronunciarse en temas específicos, plataformas digitales para consultas de opinión y la recepción de peticiones ciudadanas dirigidas a ella que recoja al menos 50 mil firmas. ¿Cuál sería su composición? La misma estaría conformada por representantes de organizaciones formales de la sociedad civil: 50% del mundo del trabajo (organizaciones de trabajadores y de diversos tipos de empresarios, representantes de empresas, agricultores, MiPymes, artesanos, profesiones liberales); 35% representantes de la vida comunitaria y para la cohesión social y territorial (organizaciones comunitarias, adultos mayores, estudiantes, agrupaciones diversas); 15% de representantes para la protección de la naturaleza y el medioambiente. Además, contempla igual cantidad de mujeres y hombres, con un número de miembros de los pueblos indígenas acorde con su participación en la población nacional, y con representaciones proporcionales de cada región del país.

Hay en esto una larga experiencia europea de los Consejos Económicos-Sociales, centrados inicialmente en el dialogo empresarios-trabajadores; luego, con el tiempo, ampliados a otras temáticas y actores sociales mas diversos, y en el ultimo tiempo, más allá de ser la expresión de la sociedad civil organizada, también empiezan a adquirir la responsabilidad de canalizar la participación ciudadana.

Una instancia así cumple además una doble función: por una parte, expresa una participación ciudadana cada vez más incidente y, por otra, se constituye en una estructura democrática que facilita el dialogo social y la colaboración, permitiendo comprometer en conversaciones honestas y justas que aproximen a los distintos actores sociales sobre temas precisos y concretos, de asuntos públicos cruciales. Legitimidad indispensable para cualquier pacto social donde la ciudadanía sienta que se acogen sus demandas y que fue parte de su gestación.

Una crítica escuchada es que sus decisiones no serían vinculantes. Sin embargo, sí serian incidentes, debido a la obligación del Ejecutivo y Legislativo de consultar en todas las materias que la ley decida y de responder de manera fundada a esa consulta. Esto, ya que no puede ser vinculante, en el sentido de que el Parlamento o el gobierno esté obligado de acoger lo que se proponga, ante decisiones que les corresponden a esos poderes públicos. Esa manera de ser vinculante solo existe para mecanismos de democracia directa como los plebiscitos. Pero será, sin duda, un organismo muy vinculado con los otros poderes del Estado.

Ojalá se pueda reconsiderar esta propuesta. ¿Se la ha considerado a nivel regional, porque no a nivel nacional? Pero lo mas relevante es que se tiene que definir con claridad cuál es el rol de lo político y de lo social: no son lo mismo, no se puede igualar lo que es distinto, cada uno de esos espacios juegan roles fundamentales y tiene que buscarse la mejor forma de relacionarlos. Ninguno puede absorber o diluirse en el otro. Si eso sucede, tendremos graves dificultades para cumplir el rol articulador que tiene la política o se producirá una gran perdida de diversidad social. También se puede producir más dispersión o fragmentación aún. Hemos visto, los últimos días, criticas adecuadas a propuestas inconvenientes sobre este asunto surgidas de la Convención, donde se homologa partidos políticos con movimientos sociales, pero, sin dar soluciones positivas o constructivas para resolver bien lo que esas propuestas equivocadas intentan responder sobre el vínculo y la relación entre lo político y lo social. ¡Pues bien, aquí hay una!