La violenta agresión sufrida por el diario argentino Clarín hace justamente una semana es una nueva y preocupante señal de intolerancia contra la prensa. El episodio en que nueve individuos atacaron el frontis del periódico trasandino en Buenos Aires se suma no solo a otras agresiones sufridas por varios medios de comunicación y periodistas en ese país en los últimos años, sino, más grave aún, se agrega a una lista de agresiones que ha venido experimentando la prensa en distintos países de la región, desde la abierta persecución sufrida en la Nicaragua de Daniel Ortega hasta los casos registrados en más de una decena de países latinoamericanos y condenados en una reciente declaración de la Sociedad Interamericana de la Prensa.

La prensa independiente es un actor central de todo sistema democrático. Por ello, cualquier intento por amenazarla o restringir su libertad para que cumpla la labor para la cual fue concebida pone en riesgo no solo su función sino la integridad de toda democracia. Como señala el punto cuatro de la declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, “la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa”. Un principio reiterado en la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se insiste que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos” y “sancionar a sus autores”.

Si bien es positiva la condena transversal que recibió el ataque –tanto el presidente Alberto Fernández como el exmandatario Mauricio Macri repudiaron el hecho- también es cierto que lo sucedido responde a un clima de odiosidad hacia la prensa promovida por algunos representantes del oficialismo transandino. Un clima que en la reciente campaña electoral aumentó en intensidad, con ataques directos tanto de la vicepresidenta Cristina Fernández como del propio mandatario a la calidad del trabajo periodístico, asegurando que “los argentinos nos merecemos mejores medios” o incluso llamando a “levantarse contra los medios”. El actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, incluso ha tuiteado contra periodistas de Clarín.

La autoridad tiene una responsabilidad clave en evitar no solo que se cree un clima contra la prensa sino en actuar con prontitud cuando situaciones como estas se producen. Por ello es importante esclarecer las motivaciones detrás de los hechos de la semana pasada y detener a sus autores. La tardanza en actuar solo alimenta un clima de impunidad que puede terminar dando espacio a que actos como esos se vuelvan a repetir, con graves consecuencias. En ese sentido, la detención de uno de los atacantes es positiva, pero aún insuficiente. Ese trabajo será inútil, además, si no va de la mano de una autoridad que entienda la labor que cumplen los medios de comunicación en una democracia y no favorezcan con sus declaraciones ese tipo de agresiones.