La incertidumbre económica hacia adelante es una de las variables que más incide sobre la sostenibilidad fiscal en Chile. A su vez, la situación de solvencia del Estado de Chile influirá sobre la incertidumbre futura. Esta nota vincula esas proyecciones con la situación de seguridad interna.

Hay sólidas razones para cuestionar la eficacia de Carabineros en mantener el orden público, lo cual incluye retener la confianza de la población evitando abusos. Sin embargo, aún si Chile tuviera una policía de calidad y capacidad similar al promedio de la OCDE, no podría controlar la violencia actual. El motivo es que el 27% de los encuestados está de acuerdo con "barricadas y cortes de caminos" (Encuesta Cadem N° 307). También un 25% está en desacuerdo con que "se tenga mano dura contra quienes apliquen violencia en las manifestaciones". Multiplicando estos porcentajes por el número de adultos, resulta que más 3 millones opinan así. Cuando una parte de esos 3 millones va más allá y participa activamente en manifestaciones que apoyan las barricadas, producen camuflaje para los violentos en gran escala. Ante ese camuflaje masiva, ninguna policía puede impedir olas de barricadas y cortes de caminos como las vividas en noviembre, a menos que use las técnicas de reconocimiento facial masivo que China está desarrollando. Por supuesto, de nada servirá una reforma a Carabineros si ese apoyo ciudadano a la violencia continúa.

Muchos observadores prevén otra ola de violencia en marzo y abril de 2020, antes del plebiscito. Esta perspectiva eleva la incertidumbre hoy mismo. El Banco Central (BC) dio su advertencia respecto a 2020: será un año de estancamiento o de recesión. Los despidos van para los 200 mil. En enero de 2021 la incertidumbre seguirá intensa, pues recién habrá empezado el debate constitucional. A esto debe sumarse la nueva incertidumbre de origen fiscal, que paso a explicar.

Para los años 2021 en adelante, el Consejo Fiscal Autónomo hizo el análisis más equilibrado. La clave está en el "PIB tendencial" de 2021 en adelante. Un PIB estancado reduce la demanda futura por capital instalado y disponible para producir. Eso reduce la inversión hoy. Asimismo, se estancará la productividad futura por los mayores gastos en seguridad, por un tiempo de transporte más largo y azaroso y por menor inversión en maquinaria de última generación. Por todo eso y más, la estimación razonable es que el producto de Chile suba más lento que antes. Estimo razonable proyectar aumentos al 1,5% anual desde 2021 en adelante.

Según evidencia histórica, la recaudación tributaria crece 1,5 veces más de lo que crece el PIB. Así, a partir de 2021 la recaudación tributaria existente crecería sólo 2,25% anual, desde la base que logre en 2020. El acuerdo de noviembre en el Senado para crear nuevos tributos capta recursos por 0,84% del PIB a partir de 2022 (en régimen). Sin embargo, al tomar en cuenta que el desplome de la actividad desde el 18 de octubre castigó la recaudación base en cerca de 5%, y al tomar en cuenta el menor crecimiento del PIB tendencial, la recaudación de 2022 en adelante queda casi donde mismo. También subirá la tasa de interés que pagan el Estado y Codelco en sus deudas (Codelco debe USD 22 mil millones).

Al mismo tiempo, los nuevos beneficios sociales que la clase media pide (pensiones, transporte, salud y remedios e ingresos laborales mínimos), requieren un mayor gasto fiscal permanente de al menos 3 puntos del PIB. Aún imaginando una racionalización del gasto público primario por USD 1.300 millones cada año desde 2021, repetida indefinidamente, el déficit permanente del Estado, que ya era grande, se incrementaría entre 2,5 y 3 puntos del PIB. Esa repetición de ahorros es ilusoria porque los sindicatos del Estado irían a una huelga larga. La suma faltante es inmensa. Y como es permanente, no debería ser financiada con deuda.

No existe una segunda capa de impuestos nuevos capaz de recaudar tributos en la cuantía faltante, que no sean impuestos sobre… la clase media. Para muchos, este mensaje es nuevo, porque el 55% de los encuestados cree "que Chile tiene los recursos necesarios para satisfacer todas las demandas sociales." (2°sondeo Centro Pol. Públicas UNAB). La realidad es otra. Chile ya tiene un tributo sobre empresas tan alto y con exenciones tan pequeñas, que obtiene la cuarta recaudación más grande de la OCDE, en proporción al tamaño de su economía (4,66% del PIB en 2018). Chile también recauda tanto IVA como el promedio de la OCDE. para agravar el punto, en el plebiscito comunal muchos votaron por reducir el IVA. El paquete acordado por el Gobierno con algunos senadores, ya citado, ya subió los impuestos a las personas que poseen muchos bienes raíces. Las cifras comparativas no dejan lugar a dudas: el único tributo que es bajo en Chile en comparación a los países OCDE – en Chile es sólo la sexta parte - es el impuesto a la renta personal, sobre todo en los tramos bajos y medios, es decir, es un tributo a la clase media. Pero, ¿es posible que la clase media chilena acepte mayores tributos sobre sí misma, cuando demasiados de sus miembros apoyan las barricadas y niegan la paz?

Ante la misma pregunta, otro 34% responde que los recursos están, "pero sólo se pueden conseguir gradualmente". Sin embargo, mientras no exista protección eficaz contra barricadas, cortes de caminos e incendios, tampoco se pueden conseguir gradualmente. Las cifras y prevenciones del Consejo Fiscal Autónomo, ya citadas, respaldan esto: se puede conseguir casi todo de modo gradual cuando el PIB es reciente, porque ese crecimiento provee recaudación, pero éste exige que haya paz segura. Si hay una fundada incertidumbre sobre la paz futura, la inversión se resiente y la tributación se estanca.

En síntesis, la enorme suma faltante para recuperar la solvencia del Estado de Chile eleva la incertidumbre económica futura. Esto reduce nuevamente la inversión. La trayectoria futura es previsible: ciclos de crisis fiscal, recesión y auges breves similares a los que sufre Argentina.

La senda de desarrollo seguida en el pasado por muchos países OCDE fue distinta: consistió en dar amplios beneficios sociales a la clase media pagados con impuestos sobre ella misma, con impuestos corporativos por sólo 3,0% del PIB (promedio OCDE 2018).