En su columna del lunes, Javier Sajuria no se limita a criticar el diseño político o la estrategia comunicacional del nuevo gobierno —hay un debate fundado al respecto—, sino que va más allá. Según Sajuria, el defecto de La Moneda en materia de reajuste y gasto social sería de índole moral. Ni siquiera habría una discusión legítima en este ámbito, pues a los equipos del Presidente Kast “no les basta con beneficiar a los más ricos, también importa dejar en peor situación a los más vulnerables” (sic). Nótese la sofisticada explicación del politólogo: el propósito del oficialismo sería perjudicar a los más necesitados.

La realidad, sin embargo, es bastante más compleja. Por de pronto, es preciso distinguir entre los beneficios que recibe la ciudadanía —por ejemplo, transferencias y prestaciones—, y los instrumentos mediante los cuales el Estado otorga dichos beneficios (tales como programas, convenios u otros mecanismos). La distinción no es trivial, pues es sabido que la cobertura, ejecución e impacto de esta clase de instrumentos han de estar sujetos a evaluación de modo permanente, y también que la oferta del Estado adolece de problemas severos.

En efecto, basta navegar un par de minutos en internet para notar que la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público —convocada por el exministro Marcel— revisó más de 700 programas, con resultados inquietantes. Ahí se advirtió, por ejemplo, de 554 programas que concentran apenas el 20% del gasto, entre varias otras cifras que invitan a la reflexión. No por azar esta Comisión recomendó racionalizar la oferta referida mediante la discontinuidad de programas con desempeño insatisfactorio, o bien fusionando o discontinuando programas de baja escala, en especial si tienen bajo presupuesto, baja cobertura o altos costos administrativos (como el Injuv, donde la ministra Wulf ha puesto la lupa de forma pertinente).

Este escenario ayuda a comprender por qué el esfuerzo de revisar programas, rebajar líneas de menor desempeño o reasignar recursos no es un invento de la “ultraderecha”. De hecho, la anterior directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó que en el Presupuesto 2026 ya se reasignaron 2.800 millones de dólares (equivalentes a 0,8% del PIB), incluyendo un recorte de más de 150 millones para financiar otras prioridades. Por cierto, la administración anterior —además de otros errores fiscales ya conocidos— sí afectó programas sensibles, como el de albergues para personas en situación de calle. En esa ocasión ni Sajuria ni nadie denunció un “desprecio por la protección social”.

En cualquier caso, es claro —salvo que el compromiso partisano nuble excesivamente el análisis— que urge modificar el panorama actual, caracterizado por un Estado con muchas ventanillas, bajo alcance relativo y costos administrativos sin justificación suficiente. Desde luego, el gobierno tiene que coordinar y comunicar mejor su agenda de reajustes, y es preciso examinar sus medidas en detalle. Pero asumir en él las peores intenciones ignorando la realidad descrita no es serio. Mal que pese, se trata de una lógica que recuerda aquellos lúgubres días de la pandemia en que algunos decían “nos quieren matar”, con la complicidad activa o pasiva de personas e instituciones de rigor más aparente que real.

Por Claudio Alvarado Rojas, Director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)