El caso de la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, marcó el estreno del nuevo equipo de abogados del Ministerio de Seguridad que será el encargado de tramitar algunas de las causas penales en las que el gobierno actúa como querellante.

Hasta ahora han sido dos abogados de la cartera encabezada por la ministra Trinidad Steinert quienes están liderando la tramitación de esta querella.

Se trata de los abogados Joaquín Pizarro y Vicente Canales, quienes desde el comienzo representaron al Ministerio de Seguridad en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

La dupla luego fue la misma que firmó el escrito para ampliar la querella en contra de los estudiantes invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE), en un fracasado intento del gobierno por conseguir la prisión preventiva de los imputados.

Cuando la Corte de Valdivia tuvo que ver las apelaciones a las cautelares de los imputados, fue Canales quien defendió la posición de Seguridad. Ese día, el abogado expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva de los imputados, lo que fue rechazado tajantemente por la unanimidad del tribunal de alzada de Los Ríos.

El debut de Pizarro y Canales dejó al descubierto un nuevo diseño de Steinert para su ministerio. Esto debido a que la ministra definió que serán sus abogados de confianza -y de su propio gabinete- quienes sean los litigantes de este tipo de causas. Algo que incluso ocurre sin mayor comunicación con la División Jurídica del ministerio.

Tradicionalmente, la presentación de querellas y la posterior litigación de estas causas había sido una función que estaba radicada en la División Jurídica del Ministerio de Seguridad que, en la actualidad, es encabezada por Lesly Covarrubias.

De esa unidad, de hecho, depende una repartición denominada “Seguimiento de Causas”. Hasta ahora, dicho grupo era integrado por once abogados, de los cuales al menos cinco fueron desvinculados tras el fin de la administración del exministro Luis Cordero.

Todo eso quedó atrás ya que desde que llegó Steinert, se zanjó que desde ahora será el propio gabinete de la ministra, y no una repartición en específico, donde se radicarán los abogados que seguirán las causas del gobierno. Según explican fuentes de gobierno, esta decisión se basa porque en la perspectiva de la nueva administración, la facultad para querellarse radica en la ministra, por lo que los abogados fueron contratados en el gabinete para tener directa coordinación con el resto del equipo directo de Steinert.

En esa línea, además -afirman fuentes del Ejecutivo- el objetivo es repartir la carga laboral entre las asignaciones propias que enfrenta la División Jurídica y este nuevo equipo jurídico de gabinete.

También, agregan, las contrataciones buscan apoyar las labores desde el ministerio respecto a las causas judiciales que lleva la cartera de Seguridad en todo el país.

El grupo de nuevos abogados

Canales y Pizarro no son los únicos. Según registros de Transparencia, junto con la llegada de las nuevas autoridades al Ministerio de Seguridad, también lo hizo un equipo de, al menos, nueve abogados.

Los profesionales llegaron al ministerio en modalidad de honorarios, según el mismo registro público, y con la misión de “asesorar jurídicamente al gabinete en materias legales y regulatorias vinculadas a la gestión institucional”. Las funciones que desarrolla cada uno son variadas, aunque la gran mayoría lo hace para tramitar las causas que tiene, como querellante por parte del gobierno.

En ese listado se encuentran los abogados Canales y Pizarro. El primero, según registros de LinkedIn, es abogado de la Universidad de Chile, desde donde egresó en 2024. Cuenta con un diplomado en derecho penal y ha trabajado litigando en el estudio Cortez y Rodríguez.

Pizarro, por su parte, egresó el 2023 de la Universidad Católica, además trabajó en la Defensoría Penal Pública (DPP) y cuenta con un diplomado en derecho penal económico.

Quien también se ha desempeñado tramitando causas es la abogada Josefina Leay, egresada de la Universidad del Desarrollo el año pasado. Previo a eso, según su LinkedIn, fue practicante de la Fiscalía local de Pudahuel en 2024 y tiene un diplomado en derecho penal. En ese mismo listado también está el abogado Nicolás Rivera, quien egresó en 2023 de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizó su practica profesional en la Defensoría Penal Pública (DPP) y posteriormente integró dos estudios de abogados.

Este grupo de abogados, si bien se desarrolla tramitando las causas del ministerio, también en sus informes de desempeño han adjuntado otros trabajos, como asuntos de materia legislativa e incluso la redacción de oficios.

Entre los profesionales que también se sumaron al gabinete está la abogada Catalina Salas. La profesional de la Universidad Católica, y que cuenta con un master en The London School, tiene amplia trayectoria profesional, desempeñándose como asesora en la Universidad San Sebastián, en el Comité Olímpico y durante más de dos años integró el estudio Abogados Hermosilla & Cía.

Isidora Villalobos es otra abogada que se integró al equipo de la ministra de Seguridad. La abogada de la Universidad de Los Andes, antes de arribar a Seguridad, trabajó durante tres años en Carey Abogados. En términos académicos, cuenta con diplomados en conducta e investigación criminal, así como también con experiencia en investigaciones penales.

Además de ellos, también asumió Nicolás Bravo, quien en 2023 trabajaba como asesor de crimen organizado en la Delegación Presidencial de Tarapacá, dependiente del Ministerio del Interior. Después, se desempeñó en las mismas funciones de la unidad de Macrozona Norte de ese ministerio y en abril de 2025 se integró a la División de Crimen Organizado, cargo desde el que arribó al gabinete de Steinert.

También se integró al gabinete la abogada Sandra Sánchez, quien cuenta con una vasta trayectoria de 12 años ligada principalmente al sector inmobiliario y en organismos públicos. Además de eso, realizó una pasantía en el Tribunal Constitucional (TC).

Junto con todo el grupo de abogados, se sumó como asesor en el gabinete, Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional y quien, según se transformó en uno de los principales asesores en materia legislativa.