La reciente adjudicación de $11.328 millones por parte de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a 85 empresas de base científica y tecnológica volvió a poner en el centro del debate el giro estratégico que impulsa el Ministerio de Ciencia desde que asumió Ximena Lincolao al acelerar la transferencia del conocimiento hacia el mercado.

El programa Startup Ciencia 2026, uno de los instrumentos emblemáticos de esta lógica, busca cerrar la brecha entre investigación aplicada y comercialización, bajo la premisa de que el desarrollo científico debe traducirse en valor económico tangible para el país.

El énfasis no es menor. Con 363 postulaciones, la cifra más alta desde su incorporación en 2021 y una tasa de adjudicación de 28%, el programa evidencia una demanda creciente por financiamiento orientado a emprendimientos científicos. Además, un 56% de los proyectos proviene de regiones fuera de la Metropolitana, mientras que sectores como inteligencia artificial y biotecnología concentran la mayor parte de las iniciativas, en línea con la estrategia ministerial de priorizar tecnologías habilitantes para el crecimiento.

La ministra Lincolao defiende esta orientación como parte de un esfuerzo deliberado por conectar ciencia y productividad. “Cada una de estas 85 empresas es la prueba de que Chile puede transformar el conocimiento que produce en valor económico”, señala, y además subraya que los instrumentos públicos deben alinearse con las áreas que definirán el desarrollo del país en los próximos años.

El planteamiento va en una línea similar a lo planteado este martes por José Antonio Kast en el encuentro ciudadano “Presidente Presente”, donde dijo que “a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. Salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas”.

Sin embargo, esta priorización del Minciencia convive con una señal en sentido contrario que encendió alertas en la comunidad científica. Más de 500 investigadores firmaron un comunicado manifestando su “profunda preocupación” ante la posibilidad de descontinuar programas estructurales del sistema científico, entre ellos becas de postgrado, centros de excelencia, la Iniciativa Científica Milenio y fondos de cooperación internacional. Aunque desde Hacienda se ha planteado que se trata de lineamientos preliminares, el solo escenario de recortes abre una tensión de fondo: qué tipo de ciencia se financia y con qué horizonte.

El diagnóstico de los firmantes es claro. Chile ya presenta un rezago estructural en capital humano avanzado. Apenas un 0,17% de la población con doctorado frente al 1,16% promedio de la OCDE, y una densidad de investigadores significativamente menor. En ese contexto, advierten, debilitar los pilares de formación e investigación básica no solo afecta la producción de conocimiento, sino que compromete la base misma desde la cual emergen las innovaciones que luego se buscan comercializar.

“Como comunidad científica, reiteramos nuestra disposición a contribuir a una discusión seria sobre mejoras institucionales, eficiencia y pertinencia social de los instrumentos públicos. Pero advertimos que debilitar la formación doctoral y la investigación comprometería el futuro del país, su capacidad de innovación y su inserción en redes globales de conocimiento”, dice la carta.

Esa tensión es recogida por el exministro de Ciencia, Flavio Salazar, quien advierte que el giro hacia la transferencia tecnológica, si bien necesario, no puede sustituir el fortalecimiento del ecosistema científico en su conjunto. “Para poder generar inversiones de los privados, tiene que haber una oferta tecnológica que se sustenta en la ciencia y el conocimiento. Si ese financiamiento disminuye, esa oferta también va a disminuir”, sostiene.

Asimismo, Salazar establece que la innovación no es una cadena lineal donde cada proyecto deriva en una patente o un producto. “Eso no resulta en ningún lugar del mundo”, plantea, enfatizando que la generación de conocimiento incluida la ciencia básica es un proceso acumulativo que requiere masa crítica, estabilidad institucional y financiamiento sostenido.

La discusión se cruza también con la estrategia internacional del gobierno. En paralelo a estos anuncios, la ministra Lincolao encabezó, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, una gira por Silicon Valley (California, EE.UU.) en el marco del programa Choose Chile, orientado a atraer inversión tecnológica y posicionar al país como hub regional.

Volver a Chile

En ese contexto, la delegación visitó empresas como NVIDIA, Google y Apple, destacando ventajas comparativas como energías renovables, minerales críticos y estabilidad institucional. La apuesta es captar capital, acelerar la adopción de inteligencia artificial y fortalecer la infraestructura digital.

Pero uno de los hitos más simbólicos de la gira ocurrió en la U. de Stanford, California. Allí, las autoridades se reunieron con estudiantes chilenos de posgrado, a quienes invitaron a regresar al país para aplicar sus conocimientos en desarrollos con impacto económico. El encuentro incluyó además la firma de un memorándum de entendimiento en innovación tecnológica para incendios forestales, posicionando a Chile como socio internacional en programas de aceleración.

Una de los chilenos que recibió a los ministros fue la divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la U. de Chile, Bernardita Ried, quien realiza su doctorado en astrofísica en Stanford.

“Una de las cosas que le manifesté era que a mí me encantaría volver a Chile, pero que necesitamos las condiciones habilitantes para eso, incluyendo, en el caso de la astronomía, la protección de los cielos”, dice, agregando que “para que personas como yo puedan volver a Chile a ejercer su ciencia, es necesario mantener el ecosistema que ya existe en Chile, donde si se continúa invirtiendo en éste, se podría tener inversión extranjera mucho más fuerte”. No obstante, remarcó que ”no se puede dejar de lado la inversión en investigación básica, que trae beneficios a largo plazo, y sin ella no hay investigación aplicada".

La escena condensa la paradoja que subrayan varios actores del sistema: mientras se busca repatriar talento altamente calificado, persisten dudas sobre la capacidad local para absorberlo. “Las oportunidades no están”, advierte Salazar, apuntando a la alta competencia por recursos y a la eventual reducción de instrumentos clave. En su visión, la invitación a retornar podría terminar acotada a quienes lleguen con financiamiento propio o inserción ya asegurada.

El trasfondo es una discusión más amplia sobre el sentido de la política científica. Para el gobierno, la urgencia está en traducir capacidades en crecimiento económico y productividad, acortando la distancia entre laboratorio y mercado. Para parte de la comunidad científica, en cambio, ese enfoque corre el riesgo de estrechar la mirada y desatender dimensiones esenciales como la formación de capital humano, la investigación de largo plazo y el desarrollo de disciplinas sin aplicación inmediata.

Desde el Ministerio de Ciencia defienden este punto, al decir que este nuevo foco busca construir un camino claro entre la ciencia y el mercado. En ese recorrido, no todas las investigaciones llegarán necesariamente a convertirse en productos o servicios, pero cada etapa cumple un rol fundamental.

“Este nuevo enfoque no busca reemplazar lo que ya se ha construido, sino conectar de manera más fluida las capacidades existentes, fortaleciendo el vínculo entre ciencia, innovación y desarrollo productivo para aumentar su impacto en la economía”, declararon desde la cartera.

No se trata de una dicotomía absoluta. El propio exministro Salazar reconoce la necesidad de fortalecer la vinculación con el sector productivo. Pero insiste en que ello debe inscribirse en una estrategia sistémica. “Cuando vamos solamente al último paso, a facilitar la transferencia, nos vamos a quedar con unas pocas tecnologías y el resto se va a agotar”, advierte.

Actualmente la inversión en I+D no supera el 0,4% del PIB, y la discusión presupuestaria en curso no solo definirá la continuidad de programas específicos, sino también el equilibrio entre ciencia como motor económico y ciencia como generadora de conocimiento. Una tensión que parece instalarse en el corazón mismo de la política científica chilena y su golpe al timón llevado a cabo por esta administración.