En el Segundo Juzgado de Letras de Santiago está alojada desde fines del año pasado una tutela laboral en contra del municipio de Santiago que representa Mario Desbordes. Quien presentó la acción judicial es Carolina Vega Thollander luego de, según informó la propia municipalidad, haber sido destituida en octubre como rectora del Instituto Nacional por “negligencia grave” tras un episodio de agresión a un estudiante. Antes de su salida, la profesora estuvo casi dos meses suspendida mientras se desarrollaba el sumario.

Pero Vega nunca estuvo de acuerdo con la decisión tras una pesquisa que estableció que no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad de un alumno, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM), que hasta entonces todavía era el sostenedor del recinto.

La profesional se defendió con la presentación de testigos y en sus descargos acusó “discriminación de género” y “persecución política”, algo descartado por la investigación sumaria interna. Vale recordar que Vega llegó al cargo luego de ganar el concurso de la Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil a otros 153 postulantes en mayo de 2023, cuando Irací Hassler era la alcaldesa de Santiago y la eligió dentro de la terna de finalistas.

Y así, a la espera del acto administrativo que debía oficializar su salida, Vega, tal como en junio lo hizo la exrectora del INBA María Alejandra Benavides, optó por una vía judicial, aunque ella presentó a fines del año pasado una tutela laboral, procedimiento judicial que según se lee en el Código del Trabajo está diseñado para proteger a los trabajadores cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados por su empleador, ya sea durante la relación laboral o al momento del despido.

Al respecto, Desbordes señala que “la tutela laboral no tiene nada que ver con el proceso administrativo. La exdirectora está en su derecho de concretar una acción que se hace por vía judicial. Sucede en el 99% de los casos y no implica que paraliza ni que incide en el sumario administrativo. Que lo haga no me parece absolutamente nada extraño”.

El traspaso

Con esa demanda laboral aún abierta, el Instituto Nacional, a partir del 1 de enero de este año, dejó de ser sostenido por la Municipalidad de Santiago y pasó a ser responsabilidad del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro. Con ello, todos los actos administrativos pendientes pasaron a manos de esta nueva institucionalidad. Uno de esos pendientes era el de oficializar la salida de Vega.

Lo anterior es relevante, toda vez que este martes el alcalde Desbordes anunció que presentará denuncias en la Contraloría en contra del SLEP por, según se estableció en un comunicado, “mantener en funciones a la rectora reemplazante del Instituto Nacional y el pago de remuneraciones a la exdirectora Carolina Vega, pese a existir un proceso administrativo que determinó su destitución”. La autoridad comunal calificó la situación como una “ilegalidad enorme” y que la dirección ejecutiva del SLEP, a cargo de Paulina Retamales, “debió haber notificado las resoluciones que ponían término a estos sumarios y que ordenaban la destitución”.

Frente a estas acusaciones, el Servicio Local también emitió un comunicado, en el que señaló que al momento del traspaso del servicio educativo desde el municipio al SLEP Santiago Centro, el proceso disciplinario “no se encontraba cerrado, sino en etapa pendiente de notificación de su resolución final".

Por ello, añadieron, de acuerdo con la normativa vigente los procedimientos disciplinarios deben encontrarse totalmente concluidos -incluyendo su debida notificación- para que las sanciones administrativas produzcan efectos. “En este caso, el proceso fue traspasado al SLEP sin haber cumplido dicha etapa esencial, lo que impide jurídicamente ejecutar la medida de destitución". Cualquier decisión distinta, agregaron, podría constituir una vulneración “grave” a la normativa administrativa.

“En este contexto, y mientras el proceso no se encuentre legalmente terminado, corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes, incluyendo el pago de remuneraciones, conforme a derecho. De hecho, cabe mencionar que la Municipalidad de Santiago pagó a la funcionaria en proceso de investigación su sueldo completo hasta diciembre, siendo traspasada como funcionaria del municipio al SLEP, manteniendo sus condiciones contractuales", establecieron.

Pero Desbordes contraataca y asevera que la información que entrega el SLEP “está torcida con alguna intencionalidad”. Y explica en extenso: “No quiero pensar que no es que los abogados del SLEP no conozcan los procesos administrativos: aquí se hizo una notificación de cargos, la apelación fue rechazada y se mantuvo la medida de destitución, y durante todo ese proceso, efectivamente, hay que pagar, pero una vez ya producida la destitución, ya no corresponde seguir pagando. El SLEP no tiene las facultades para reabrir el sumario, que ya estaba completamente cerrado, con resoluciones tomadas, notificado solo hasta un trámite pendiente, que era la destitución. ¿Por qué no pudimos destituirla nosotros? Porque hay una norma que establece que no se puede despedir personas en el sector público antes y después de los procesos electorales en un período que está definido por una norma. No teníamos esa posibilidad, si no, lo hubiera hecho yo mismo. Por eso se le entregó el sumario terminado, cerrado y listo para la notificación de destitución una vez vencido ese plazo, en donde ya se pueden retomar las desvinculaciones en el sector público. Si no lo hizo el SLEP, incurrió en una ilegalidad".

En efecto, el artículo 156 del decreto 2421 sobre la ley de organización y atribuciones de la Contraloría, establece que “desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de Presidente de la República, las medidas disciplinarias de petición de renuncia y de destitución (...) sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General de la República y en virtud de las causales contempladas en dicho Estatuto”. La segunda vuelta presidencial en Chile ocurrió el 14 de diciembre, es decir, el plazo culminaba a mediados de febrero.

En el entorno de la exrectora Vega aportan otros datos relevantes: el 14 de abril le llegó la notificación de su salida y la resolución no habla de “destitución”, sino de “término de relación laboral”.

Frente a esto, Vega se le adelantó a Desbordes y el miércoles de la semana pasada ya acudió a Contraloría, a través de sus abogados. La profesional acudió al ente fiscalizador para presentar un requerimiento aclaratorio sobre todo el proceso que está concluyendo con su salida del Instituto Nacional. El SLEP también optó por el mismo camino y el 22 de abril fue a la misma entidad por las situaciones “irregulares” detectadas en el proceso de traspaso, donde se incluye la de Vega.

En la interna del mismo SLEP, además, creen que quien está torciendo la información es Desbordes para desviar la atención de un proceso de traspaso deficiente, con detección de funcionarios municipales que fueron “amarrados” en diversos colegios santiaguinos, y con la situación de Vega sin ser informada adecuadamente: su sumario tenía otro nombre en su rotulado y fue traspasada en la planilla con registros de pagos íntegros de remuneraciones durante todo 2025, salvo 15 días sin goce de sueldo en octubre. Y que en medio de ello han debido pagar 230 millones de pesos en sueldos por destituciones no ejecutadas por el alcalde.

“No es llegar y cerrar una investigación porque sí”, retrucan en la interna del SLEP por haber tardado dos meses en notificar a Vega de su salida.

A pesar de todo, Desbordes insiste en que “hay una ilegalidad en este caso y nos hemos enterado que también en más de una decena de casos de personas que estaban sumariadas por licencias médicas y viajes al extranjero”.

Y cierra: “En todo este proceso y en varias otras irregularidades más, yo responsabilizo a la Dirección de Educación Pública (DEP) y también al ministerio, que no puede hacer como que no tiene responsabilidad en esto: los SLEP dependen de la DEP, que a su vez depende del subsecretario (de Educación, Daniel Rodríguez) y de la ministra (de Educación, María Paz Arzola), así que creo que también hay responsabilidad en ese nivel”. Ayer, de hecho, había lamentado que la ministra y el subsecretario “también miren al techo”.