SEÑOR DIRECTOR:
Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, el viernes, y Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, ayer, alertan en estas mismas páginas sobre la preocupante situación que se vive en Aysén y que, por momentos, parece ser un clamado en el desierto. Para una gran mayoría de quienes viven en la Región Metropolitana, la Ley Lafkenche es un concepto desconocido; y para el resto, lejano. Básicamente, “no es mi problema”, piensan. ¿Es eso cierto?
La Ley Lafkenche permite a comunidades de pueblos originarios solicitar espacios costeros para su administración, en la medida en que respondan a un uso consuetudinario de dichos pueblos. A la fecha ya se han entregado 100 mil hectáreas de zona costera, y existen cerca de 4 millones de hectáreas más solicitadas. ¿Por qué son importantes las solicitudes? Porque desde que esta ocurre se suspende cualquier trámite para desarrollar o renovar proyectos en esas zonas, perjudicando el empleo y las industrias locales. Por si esto fuera poco, estas solicitudes demoran años en ser resueltas: el promedio es de 6,6 años, pero algunas han llegado a demorar hasta 12.
Hoy, estas solicitudes están concentradas en la zona sur, pero esto puede no ser siempre así. ¿Qué va a pasar cuando una planta desaladora o un puerto estratégico en la zona norte o centro no se pueda instalar por estar pendiente una de estas solicitudes, por ejemplo, del pueblo chango? ¿Recién ahí vamos a tomar el tema en serio?
El Presidente Boric ingresó a principios de este año dos proyectos para acelerar los procesos de entrega de permisos y con ello dar certezas a los inversionistas. ¿Hay certeza posible para cualquier tipo de industria ante una norma que continúa con una aplicación cada vez más abusiva?
Chile es un país costero y el mar es patrimonio de todos; esta ley requiere de cambios urgentes antes de que el daño se vuelva irreparable.
José Antonio Valenzuela M.
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