SEÑOR DIRECTOR:

El Instituto Nacional de Derechos Humanos funcionará por al menos otros cuatro años, antes de que se instale la Defensoría del Pueblo, de aprobarse la nueva Constitución. Así, es vital que el organismo resuelva aspectos internos que dificultan su labor, y que se evidenciaron durante el estallido social, pero vienen desde antes de la creación de la institución.

A partir de la renovación parcial de su Consejo este 4 de julio, el INDH debiera volver a considerar con mayor apego su mandato legal, y promover y proteger los derechos humanos tal como los definen tratados internacionales vigentes que Chile ha ratificado, y que no conocen visiones de derecha o izquierda.

Así, en el informe anual que entregará por primera vez al Presidente Boric, el INDH deberá evaluar, por ejemplo, la labor del Ministerio Público, Carabineros, Interior y Justicia en el estallido social; la protección de los derechos de quienes habitan La Araucanía; la respuesta del Estado ante la creciente violencia; el respeto a los derechos humanos por parte de empresas y actores económicos; y la garantía sin discriminación de derechos sociales consagrados en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los mayores desafíos en Chile hoy.

En los últimos años, el INDH ha trasmitido una visión de los derechos humanos en parte incompatible con el derecho internacional. Es crucial que la institución enmiende el rumbo y herede a la futura Defensoría una labor que honre los derechos humanos que Chile se ha comprometido a proteger.

Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP