Daniel Matamala

Daniel Matamala

Periodista, conductor de CNN Chile

Opinión

Camuflajes

Fuente-Alba

Dos veces amenazó Pinochet a la frágil democracia chilena. En 1990 ordenó acuartelar sus tropas, un episodio bautizado con el eufemismo de “ejercicio de enlace”. En 1993, la advertencia tuvo tenida de camuflaje: oficiales vestidos en ropa de combate y boinas negras desplegados a metros del Palacio de La Moneda.

Las crisis parecieron parte de la difícil transición democrática: Pinochet estaría defendiendo a sus hombres acusados en casos de Derechos Humanos. Pero la verdad era otra. En ambos casos, el ex dictador usó a su institución para garantizar la impunidad de los “pinocheques”, $971 millones pagados por el Ejército a su hijo Augusto.

Lo logró, por cierto. El acuartelamiento se cerró con un insulso informe de la comisión investigadora del Congreso, negociado línea por línea entre el gobierno y la Comandancia en Jefe. Y el boinazo puso el caso en una larga agonía, hasta la petición presidencial al Consejo de Defensa del Estado de sepultarlo por “razones de Estado”.
Así, Pinochet quedó con las manos libres para seguir desviando al menos 6 millones de dólares hacia 125 cuentas secretas a nombre de personajes de ficción como el célebre “Daniel López”.

Fue una exitosa maniobra de camuflaje. Es que buena parte del poder político y empresarial era comprensivo con torturadores y asesinos, pero algo más escrupuloso ante ladrones demasiado descarados en sus tropelías.
No está de más recordar ese doble rasero y esos camuflajes hoy, cuando dos de los sucesores de Pinochet son procesados en simultáneo por la justicia. Juan Emilio Cheyre, por torturas. Y Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos.

Momento justo en que el también ex comandante en Jefe del Ejército Óscar Izurieta, junto al ex general director de Carabineros Fernando Cordero y ex jefes de la Armada y la Fuerza Aérea, publican una carta en El Mercurio de título grandilocuente (“La justicia, las instituciones y la República”) y redacción más bien precaria. El texto repite monsergas ya conocidas: defensa de criminales de lesa humanidad, descalificación de los jueces que investigan esos delitos, y amenazas sobre su efecto (“afecta la estabilidad democrática”).

Más interesante es que la carta destaque, dos veces, las bondades del nuevo sistema procesal penal sobre la “injusticia” de los jueces investigadores. Y que lo haga justo cuando una decidida ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, desmonta la oscura trama de la corrupción castrense.

Echando mano al mismo saco roto que Pinochet (los gastos reservados), Fuente-Alba se habría autoasignado entre $700 y $800 millones anuales durante su fructífero paso por la Comandancia en Jefe.

El “señor de los anillos”, así bautizado por su afición a los autos Audi, se hunde, pero no solo. Confiesa pagos a generales y a excomandantes en jefe, en sobres con dinero en efectivo. Uno de los favorecidos sería (¡oh, coincidencia!), el mismo Óscar Izurieta que tan entusiasta se muestra ahora del trabajo de los fiscales que investigan en paralelo, pero con mucho menos éxito que la ministra Rutherford, las platas del Ejército.
¿Qué camuflaje se esconde tras esta pantomima?

La carta es firmada por políticos avezados. Izurieta fue subsecretario de Defensa. Cordero, senador designado y candidato a diputado. Y en política, todos entienden que una cosa es un general corrupto. Otra muy diferente, cientos de millones de dólares en facturas duplicadas y más de 1.500 viajes bajo sospecha, por entregar sólo dos datos de una serie de fraudes tan extensos, que podrían involucrar a gran parte de la jerarquía castrense, tanto activa como en retiro.

Ya sabemos cómo actuaron el poder político y económico cuando se abrieron cajas de Pandora similares. Tanto en el escándalo de los sobresueldos (billetes en sobres, tal como ahora), como en las platas políticas ilegales, se autoamnistiaron. No lo hicieron directamente, claro (eso hubiera requerido un coraje del cual carecen). Camuflaron su impunidad, sacando las castañas con las manos del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público.
¿Tienen los militares indagados el poder para presionar por una salida similar? ¿Buscan derivar estos casos a investigadores más comprensivos? No lo sabemos. Pero nuestra historia aconseja seguir con atención las estrategias de los corruptos. Y, especialmente, sus camuflajes.

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