Verónica Munita es periodista.

Una difícil decisión deberá tomar el presidente Sebastián Piñera en los próximos días con respecto a la recién despachada ley del Servicio Nacional de Protección a la Niñez. Lo que debería ser una gran noticia para todos los sectores políticos y especialmente para los más vulnerables de nuestro país, se ha convertido en un entuerto político difícil de resolver.

En su último trámite legislativo, el proyecto de ley sufrió un inesperado traspié cuando el diputado DC Matías Walker (apoyado por la oposición) propuso un artículo transitorio que establece que esta nueva ley “solo entrará en vigencia una vez promulgada y publicada la norma de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia”.

Un hecho que en su momento fue calificado como “chantaje” por el oficialismo, pero que después no fue obstáculo para que el proyecto fuera de todas formas despachado por el Congreso.

Vamos por partes.

Contamos con cifras vergonzosas y dramáticas con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país, que no contaban con el apoyo de su familia y solo les quedaba el Estado. En vez de protegerlos en el Sename, éste carga con más de 1.300 muertes en los últimos 12 años. Ademas, solo el 2017, con 2.071 abusos, 310 de connotación sexual, según un informe de la PDI dado a conocer el 2019.

Fue por eso que el eslogan “los niños primero” y la mesa de la infancia a inicios del gobierno de Sebastián Piñera se convirtieron en hitos que llenaron de esperanza. Más todavía el proyecto recién despachado. Este consiste en algo tan básico y necesario como separar a los niños y jóvenes que por dramáticas razones familiares requieren de protección de aquellos que son privados de libertad porque han cometido algún delito. Hasta ahora no se ha podido hacer y son ellos quienes siguen pagando dolorosas consecuencias. Algo se ha avanzado con las 13 residencias protegidas que se han inaugurado, un gran avance, pero esta nueva ley es fundamental.

Sin embargo, para la oposición este proyecto tiene directa relación con la aprobación de otro diferente que entrega garantías y derechos a la niñez y la adolescencia, que vendría a cumplir compromisos internacionales de Chile y que le entregaría un marco jurídico y conceptual al proyecto del Servicio Nacional de Protección a la Niñez.

El problema es que también contiene artículos que son discutibles y que no producen consenso, como aquel referido a la “autonomía progresiva”, que apunta a entregar a los niños y niñas la posibilidad de tomar sus propias decisiones desde edad temprana en lo que se refiere a aspectos de su intimidad, limitando la patria potestad. También incluye temas de identidad de género y la prevalencia del Estado por sobre la familia en la toma de decisiones con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Temas ideológicos sobre los cuales no será fácil llegar a acuerdo, por lo que amarrar ambas iniciativas solo entorpecerá el necesario cambio en el Sename.

En términos simples, esta ley permitiría, por ejemplo, que si un adolescente se siente atropellado porque su madre le está “imponiendo” su autoridad, podría recurrir al papá Estado para que lo proteja en sus derechos. O podría abrir la puerta para que se dicten cursos de educación sexual avanzados sin consentimiento de los padres a niños pequeños en los colegios por decisión del Estado.

Aparte de esta discusión ideológica, también se cuestiona la constitucionalidad de la indicación presentada por el diputado Walker. Según la Constitución, la función de una Comisión Mixta es resolver las dificultades y divergencias que se suscitan entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, por lo que no se podrían agregar disposiciones que no fueron discutidas en alguna de dichas cámaras. Además, establece que las indicaciones son admisibles en la medida en que tengan “relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”. En este caso, el fin del proyecto de ley despachado es terminar con el Sename, que ha mostrado serias deficiencias operacionales que han perjudicado, sobre todo, a los niños que están con medidas de protección. La ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia se refiere a todos los niños del país, y no solo a aquellos que están con medidas de protección o que son menores infractores de ley.

Todas estas discusiones ideológicas, constitucionales y técnicas sin duda tienen sin cuidado a los niños, niñas y jóvenes del actual Sename. Y a las familias vulnerables que por distintos motivos tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado del Estado. Mejorar sus condiciones es absolutamente urgente. Los debates políticos pueden seguir esperando.