Chile a la retaguardia del comercio internacional

San Antonio tiene uno de los principales puertos del país. FOTO: DEDVI MISSENE




En la columna “Chile a la vanguardia en el respeto del comercio internacional” recientemente publicada, se intenta explicar y justificar un nuevo proyecto de Ley Boicot, que prohíbe la “importación de mercancías, bienes o productos, provenientes de territorios que, de acuerdo con las normas e instrumentos del derecho internacional, sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados, y sanciona su infracción como delito de contrabando”.

No es sorpresa que ninguno de sus adherentes haya ofrecido el ejemplo de otro país que hubiese implementado semejante legislación y, menos aún, el de alguno que esté a la “vanguardia” del comercio internacional por haberla implementado. La razón es simple: no lo hay.

Además de ser contrarias a las leyes domésticas e internacionales de la mayoría de los países del mundo, las leyes de boicot, como la que propone el grupo inter-parlamentario chileno-palestino, no hacen sino dañar los intereses económicos de quienes boicotean, pero no los del boicoteado.

Contrario a lo que sugiere la columna, ni el Consejo de la Unión Europea, ni Irlanda han implementado legislaciones como la que proponen a nuestro Congreso. Todo lo contrario. El proyecto de ley de boicot irlandés no prosperó, precisamente por ser ilegal bajo la ley de la Unión Europea, razón por la cual el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, y el Viceministro irlandés, Simon Conveney, no dieron su aprobación a dicha ley. Esto es de público conocimiento, y ocurrió hace solo unos meses, sin embargo, los autores de la columna no lo tomaron en cuenta.

Si bien la columna reconoce que Chile ha asumido obligaciones de tratamiento no discriminatorio como Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sus autores ignoran cuáles son las excepciones a dicha obligación. No existe excepción alguna bajo derecho internacional humanitario respecto de la operación de negocios en territorios ocupados. Bajo derecho internacional, los asentamientos ilegales conciernen el traslado de población a territorios en disputa, no la operación de negocios en dichos territorios. De hecho, son esos negocios los que mantienen empleados a cientos de personas que habitan territorios ocupados en el mundo. Esto ya ha sido analizado y reconocido, entre otras, por la Corte Suprema del Reino Unido y la Corte de Apelaciones de Versalles en Francia, enfrentadas con las mismas cuestiones que erróneamente se describen en la columna.

Sin importar cómo se maquille la Ley Boicot que se propone, lo cierto es que, redactada ampliamente para cubrir cualquier “territorio ocupado” en el mundo, afectará nuestras relaciones comerciales no solo con Israel, sino también con otros países que mantienen diferendos territoriales, como la Federación Rusa, Turquía, el Reino Unido, China y Marruecos. En un abrir y cerrar de ojos, y guiados por descripciones ambiguas e incorrectas, podemos pasar de ser los pioneros del libre comercio en la región a convertirnos en los paladines del boicot, junto a países como Irán y Corea del Norte.

No sorprende, entonces, que los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio hayan identificado el problema y manifestado su público rechazo y preocupación por esta iniciativa chilena. Su preocupación y rechazo son fundados. Las leyes y regulaciones anti-boicot norteamericanas prohíben, sancionan y penalizan los boicots económicos internacionales como el que aquí se propone.

¿Y qué importancia tiene esto para Chile? Las empresas norteamericanas con inversiones o presencia en Chile, de las cuales hay decenas, deberán evaluar acaso pueden cumplir con la Ley Boicot propuesta, incluyendo la obligación impuesta a sus empleados en Chile de “denunciar”, so pena de ser sancionados criminalmente, las supuestas importaciones ilegales de bienes y servicios. Del mismo modo, los inversionistas norteamericanos en compañías chilenas que transen en bolsa o tengan presencia en Estados Unidos podrían verse en la necesidad de desinvertir para evitar violaciones a la legislación norteamericana y la pérdida de beneficios fiscales en los Estados Unidos. Y, claro está, los proponentes de la Ley Boicot tendrán que explicar los beneficios de que Chile sea incluido en la lista de países boicoteadores que publica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Finalmente, la constitucionalidad de la Ley Boicot que se propone es discutible, por decir lo menos. La norma constitucional entrega al Ejecutivo –no al Legislativo– la administración de las relaciones exteriores de Chile. En efecto, resulta completamente rupturista con nuestra tradición jurídica y legislativa que a través de un proyecto como este el Congreso obligue al gobierno a calificar qué situaciones de hecho son sancionables y cuáles no lo son.

Los patrocinadores de la Ley Boicot parecen olvidar que su misión es velar por el interés de Chile. Somos parlamentarios de la causa chilena, no de la causa palestina o de la causa israelí o la de ningún otro país o pueblo. Los parlamentarios han sido elegidos para hacer de Chile un país mejor para sus votantes. Nuestras acciones en materia de relaciones internacionales tienen que estar supeditadas al interés de Chile y los chilenos, pues son ellos quienes nos han elegido. La Ley Boicot propuesta no solo nos pondrá a la retaguardia del comercio internacional, sino que dañará, directa y tangiblemente, los intereses de los “boicoteadores chilenos”, o sea, nuestros votantes.

Firman también la columna las diputadas y diputados: Gabriel Silber, Celso Morales, Eduardo Durán, Álvaro Carter, Fernando Meza, Gonzalo Fuenzalida, Jorge Durán, Karin Luck, Marcela Hernando, José Pérez Arriagada, Ramón José Barros y Andrés Molina

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