La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define corrupción como la acción y efecto de corromper o corromperse. En un sentido más amplio, se refiere a la alteración o vicio en las costumbres, usos o valores de una sociedad, o al abuso de poder para obtener beneficios personales o ilegítimos. No es sólo el abuso de poder público para obtener beneficios privados mediante soborno, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, fraude o malversación. Esa corrupción institucional necesita como sustrato una corrupción individual generalizada. Solo en un lugar con ciudadanos corruptos, el crimen organizado puede avanzar. Esto es gravísimo, ya que esa corrupción institucional socava la estabilidad política, social y económica de una nación.

En Chile el crimen organizado y la corrupción de instituciones es, desgraciadamente, algo generalizado y abundante. Todos quedamos sorprendidos con la noticia del “supuesto error administrativo y burocrático” que dejó libre a un sicario. Es evidente que alguien, desde el interior, facilitó este “error”. Esto se suma a los casos de drogas vinculados a miembros de la Fuerza Aérea y del Ejército. Pero para que la corrupción institucional penetre se necesita personas corruptibles.

Chile es corrupto, muchos están dispuestos a hacer cosas incorrectas para beneficio personal. Es más, el llamado “pillo” se jacta de hacer cosas que no corresponden de modo frecuente y reiterado, sin ser descubierto. Muchos celebran incluso a los “chantas” que “la hicieron”. Se enriquecieron de modo incorrecto y mal habido, es decir fueron corruptos. Cuando Dorothy Pérez, la contralora que por fin hizo “la pega”, cruzó datos de licencias con viajes al extranjero se encontró con 25.000 funcionarios públicos que usaron licencias falsas para extender sus vacaciones. Estas personas son literalmente “ladrones”, que robaron dineros públicos que “no” les correspondían, ya que no estaban enfermos. Engañaron para beneficios personales ilegítimos con dineros ajenos.

El sistema perpetúa a estos “chantas” en los organismos públicos. Esos son los corruptibles. Esos son los que están dispuestos a engañar y robar para beneficiarse ellos. Esos son los que pueden ser presa de los narcos y el crimen organizado que, sin duda, les ofrecerá más beneficios personales que las licencias. El sistema obliga a sumarios, largos e ineficientes y permite que renuncien y se instalen en otras reparticiones públicas, lo que perpetúa el mal comportamiento y permite que sean corrompidos por peces mayores. La gangrena avanza en el cuerpo y para evitar la muerte, muchas veces hay que amputar. Esta lógica biológica es la misma que la institucional: a las manzanas podridas hay que sacarlas del canasto porque pudren a las demás.

Es lo que hay que hacer habiendo “pillado” a tantos funcionarios públicos en flagrante robo, porque los descubrieron robando y la evidencia es clara y distinta. Supuestamente estaban enfermos, lo que se comprueba en la petición de licencia, documento que está y tiene fecha, pero mintieron porque hay evidencia que en esos días se fueron de viaje al extranjero. Hay una doble falta, mienten, pero además roban, ya que ese periodo de licencia es pagado con platas estatales. Ese pago no correspondía, ya que no estaban enfermos.

Si tenemos evidencia clara y distinta que mintieron y robaron -faltas graves-, la pregunta es: ¿si habiendo sido descubiertos en forma flagrante en la falta y el delito, por qué que no se los puede despedir de modo inmediato? De hecho, debiesen salir automáticamente al constatarse la evidencia de la falta y debido a la gravedad de esta, no debieran tener posibilidad de apelación, ni indemnización. ¿Por qué no se les obliga a devolver, de modo inmediato y so remate judicial, los montos defraudados? Claramente, si esto se hiciese así, seguramente bajarían altamente los abusos. Esto es tan evidente que, de hecho, el sólo develar el caso licencias a la opinión pública y las faltas e iniciar los sumarios a los “chantas”, ha hecho que las licencias en el sector público bajen en un 18%. Esta baja no es porque la gente milagrosamente se haya mejorado, sino porque el temor al castigo baja los índices de potencial corrupción. Si pudiesen ser despedidos de modo inmediato al constatarse un cruce tan evidente como éste, y con un castigo ejemplar como la no indemnización, entonces, al menos la micro corrupción estaría más controlada. Por lo mismo, para la macro corrupción, sin importar el color político, las penas deben ser ejemplares siempre. Los procesados por alta corrupción debiesen tener una especie de “código rojo” en la ficha de antecedentes, que los inhabilite del mundo público de por vida.

Chile es corrupto y por eso puede ser presa del narco y el crimen organizado. Cuidemos Chile, cambiemos el estatuto administrativo y saquemos a todas las manzanas podridas para que no se pudra el cajón.

Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.