Tras cuatro años de crecimiento lento con la Nueva Mayoría, un repunte modesto en 2018 y una recaída hacia un desempeño económico pobre en 2019, la población mira el futuro con incertidumbre y teme no poder sostener las aspiraciones que desarrolló en épocas de mejores expectativas o verse expuesta a carencias graves.

Lo que moviliza a amplios sectores en torno al valor de la electricidad, la tarifa del Metro, la oportunidad de la atención de salud o el nivel de las pensiones, probablemente no es una incidencia similar de estos elementos en la calidad de vida de quienes se manifiestan, sino la percepción común de que, cada uno según su particular forma de incorporación a la economía, está expuesto a situaciones aflictivas que no podría manejar sin consecuencias severas sobre sus vidas. Los une una común necesidad de lograr certezas, luego de que la pérdida de dinamismo de la economía les hace percibir que sus capacidades para mantener su nivel de vida, o enfrentar por sí mismos situaciones adversas que pudieran sobrevenir, están fuertemente limitadas.

Se hace prioritario, entonces, concebir y poner en marcha un programa que recupere la pujanza económica, para restablecer la confianza en que habrá mercados en expansión, oportunidades de empleo, acceso al crédito, mejoramiento de remuneraciones y todo aquello que configura el contexto más confiable y predecible que da tranquilidad a las familias. Si bien en el estado de conmoción actual otras acciones pueden aparecer más prioritarias, es el esfuerzo por revivir expectativas económicas positivas, obviamente a partir de hechos concretos, lo que puede ayudar a contribuir para el restablecimiento de la estabilidad social.

Mientras la economía vuelve a hacer su trabajo, y también en forma permanente para garantizar protección ante contingencias, deben enfrentarse las carencias e incertidumbres actuales con apoyo estatal focalizado a situaciones de especial relevancia, como el acceso a la salud, el nivel de las pensiones e ingresos más bajos, o mecanismos de apoyo a las familias para enfrentar necesidades apremiantes.

Un Estado previsor, y el chileno lo ha sido, tiene reservas para atender la contingencia. También puede exigir un aporte tributario mayor a los contribuyentes. Pero la legitimidad para subir impuestos, o para disponer de ahorros acumulados, depende de que el Estado haga un esfuerzo serio por liberar los recursos que, sabidamente, hoy malgasta en el sector público. Este último debe mejorar su desempeño, por ejemplo, aprovechando mejor la infraestructura hospitalaria, utilizando más la eficiencia privada en la provisión de bienes públicos, suprimiendo el gasto que representan los "operadores políticos", reduciendo remuneraciones públicas a los niveles consistentes con la situación general del país, o cortando programas sabidamente ineficientes, que subsisten indefinidamente.

En el país existen las fortalezas y el ánimo de contribuir a la superación de la crisis. Políticas conducentes y austeridad fiscal pueden catalizar el esfuerzo nacional que se requiere, todo ello sin perjuicio de la discusión de un conjunto de reformas políticas que probablemente sobrevendrán en las próximas semanas y meses.