Ahora que acaba de cumplir su tercer año, con un futuro que costaría llamar luminoso, el gobierno de Sebastián Piñera ha estado tratando de delimitar qué es lo que alcanza a hacer en los últimos 12 meses de su gestión. Algo para recordar, añoran sus partidarios. De ser posible, nada, piensan las múltiples oposiciones. Lástima que no cayó, murmuran los más duros. Indiferente a esas altas apreciaciones, el núcleo estratégico de La Moneda ha identificado ocho objetivos.
Dos de ellos son, por así decirlo, exigidos por las circunstancias. El primero es asegurar una ejecución impecable de las 10 elecciones que se deben realizar entre abril y diciembre. El Congreso ya concedió la división de las primeras cuatro en dos días sucesivos, pero queda por ver si el Servel podrá tener todos los resultados el segundo día con la eficiencia acostumbrada y sin un coro de reclamos. Tampoco se habla aún de las otras cuatro elecciones de noviembre. Un proceso electoral limpio es quizás lo único en que pueden coincidir todos los sectores. El segundo objetivo es completar la tarea de vacunación contra el Covid-19 en junio (al menos hasta el nivel de la “inmunidad de rebaño”). En verdad, este puede ser un éxito de escala internacional, aunque tampoco terminará de reponer la normalidad.
Una tercera meta es recuperar el funcionamiento de la educación. Es improbable que se pueda reparar el daño sufrido por los estudiantes durante el 2020, pero el gobierno pretende que la situación no se repita el 2021. Más allá de las reacciones corporativas dentro del sistema -profesores, colegios, apoderados-, las idas y venidas de las cuarentenas auguran otro primer semestre catastrófico, por lo que es probable que el gobierno tenga que ajustar sus iniciativas para la segunda mitad del año.
El cuarto objetivo es apuntalar la recuperación económica y acercarse a la proyección de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, de 6% para el 2021. En Palacio se cree que a partir de abril podrían empezar a mejorar los indicadores de actividad y empleo, para alcanzar niveles “vigorosos” en los últimos dos trimestres. Nuevamente, este es un propósito que depende del Covid-19, pero también del grado de control del orden público que ofrezca el Ejecutivo una vez terminados los confinamientos.
Otras tres metas parecen retazos del programa con que Piñera asumió y ejerció el gobierno durante 19 meses. Uno es el programa de “protección de la clase media”, que incluye bonos, aumento de subsidios y un fuerte programa de inversión pública para empujar el empleo. Parte de esas medidas son las que el Presidente anunció esta semana, en una aparición también destinada a quitarle votos al tercer retiro de 10% de las AFP. Pero el gobierno tiene asumido que esta lucha tendrá que librarla en el Tribunal Constitucional, y quizás ahora sopese cuán precipitada (y poco convincente) fue su promulgación exprés del primer retiro.
Hay, además, un paquete de medidas en salud, que incluyen la entrega de 25 nuevos hospitales y 120 centros de atención primaria, la reforma del Fonasa, cambios reglamentarios en las isapres y la ley de Fármacos II, cuyo objetivo es bajar los precios de los medicamentos. Y, en materia de derechos sociales, un proyecto para convertir en universal el derecho a jardín infantil.
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El octavo objetivo es la reforma del sistema de pensiones. Ya se sabe cómo toca los nervios de los parlamentarios este problema. Por eso, el gobierno ha optado por encararla como una batalla larga y con altos costos políticos para todos los que intervengan. El símil son los proyectos laborales que la Concertación presentó tres veces entre primeras y segundas vueltas presidenciales; al primero de ellos atribuyen muchos la derrota de Joaquín Lavín en el 2000. Las jugadas se repitieron dos veces más, en todo caso sin el mismo éxito.
El oficialismo espera que a la oposición se le haga muy costoso rechazar el aumento de pensiones para dos millones de personas y el incremento de las pensiones mínimas al equivalente del sueldo mínimo. Y también que tenga que hacerse cargo de la alta impopularidad que ha mostrado un aumento de la cotización enteramente entregado a un fondo solidario. El plan de La Moneda ya cumplió su primer paso el miércoles 3, cuando el proyecto fue aprobado en general y entró, por lo tanto, a la prolongada chancadora legislativa. Si el diseño se cumple, en el espacio público se estará hablando de pensiones en los alrededores del 11 de abril, y luego, mediante el trámite de las comisiones mixtas, durante el resto del año, para llegar con el debate caliente, fracasado o finalizado a las parlamentarias de noviembre.
El caso es que todos estos objetivos se plantean en un marco institucional muy debilitado, con un desorden inédito en los partidos y ante la presencia de actores políticos que están apostando a la polarización extrema. El campo que se intenta plantear, como ha anotado el historiador Alfredo Jocelyn-Holt (en Ex-Ante), es el de las “guerras culturales”, que suelen ser radicalmente emocionales y hacer el paso, con elasticidad olímpica, desde la violencia verbal a la material.
Un sector mayoritario de los políticos chilenos ha confiado en que la más institucional de las rutas posibles -nueva Constitución y elección de todas las autoridades en un mismo año- constituya una salida al embrollo interpretativo planteado por el alzamiento del 18-O. Y el gobierno pretende nadar en ese mar de sargazos con un paquete de proyectos que le permitan recordar por qué llegó a donde está.
Es un recordatorio angustioso.
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