Dentro de los miles de desencuentros entre derecha e izquierda, gobierno y oposición, solo hubo un encuentro en casi una década completa: el proyecto constitucional del grupo de expertos que se presentó luego al Consejo Constitucional, y que finalmente fue saboteado por republicanos y los irreductibles FA+PC. Y no fue coincidencia; hacer una Constitución es un tema más técnico que partidista.

Entre los acuerdos más importantes hay dos que aún tienen plena vigencia: el sistema de elecciones y partidos políticos, y la modificación al sistema judicial actual.

El de elecciones y partidos políticos es bastante obvio. No es gobernable un país con 20 partidos, sobre todo “minipartidos” que representan a identidades minoritarias, todos ellos muy legítimos, pero que no dan como para hacer política y para lograr acuerdos que todo el país reclama. Tampoco es solución (un parche o “alambrito”) el sistema de federaciones. Lo lógico es tener unos pocos partidos grandes, democráticos (puertas adentro y puertas afuera), que además de hacer gobernable al país, hagan interesante participar en política a los mejores cerebros.

Y nuestro sistema judicial…, qué decir: autogenerado, nepótico, sin mayores controles ni contrapesos; uno que, a no ser por el escándalo generado, andaría en sus Lexus ES300h..., ¿descapotables? Se los damos descapotables.

El mismo sistema judicial que tiene delinquiendo en las calles y barrios a miles de personas de las cuales deberíamos estar protegidos. Tampoco se dieron cuenta los ilustres magistrados que había como 250 mil “papitos corazón” que no cumplían con sus hijos; lo descubrieron las denostadas AFP en los retiros.

Los expertos propusieron cambios más que razonables a ambos sistemas: político y judicial. Pero por temas realmente fuera de foco, como aborto, conciencia de instituciones, contribuciones y otras pocas causas, se rechazó un proyecto que les entregó casi terminado el grupo de expertos a los inexpertos convencionales.

Por supuesto, nunca es tarde y hay mucho espacio para hacer cambios en el sistema político y en el Poder Judicial. Es cierto que existen otras urgencias (incendios, crimen organizado, abandono del Estado en regiones, municipios y barrios), pero nada grande saldrá de un Parlamento atomizado como el actual, en que los extremos tienen la llave; contrario a la existencia de una democracia sana. Tampoco habrá éxito contra el crimen con este sistema jurídico, y de sus administradores.

Demorar estos cambios por un incendio -por grave y doloroso que sea-, no implica dejar de lado los grandes cambios que el país necesita en forma urgente, y sobre los cuales existió un gran acuerdo transversal hace muy poco tiempo.

Por César Barros, economista