Una serie de declaraciones del ministro de Educación en relación al presupuesto 2023 de los Liceos Bicentenario ha llevado a una confusión mayor, de esas que resultan de decir algo distinto cada vez que se habla, o de cuando se trata de decir exactamente lo contrario de lo que se piensa o se hace. Sin perjuicio de eso, – me imagino que habrá explicaciones claras para las comunidades afectadas – nos da la oportunidad de hablar de educación pública.
Uno de los excesos de la Convención Constitucional, aunque no exclusivo de ella, fue forzarle al país una sola comprensión y fisonomía de educación pública. Esa educación pública controlada centralmente por el Estado, con un proyecto único o cuya variabilidad depende de grupos de interés autorizados (recordemos el fallido proyecto: ciertas etnias podían proponer proyectos educativos públicos, no así las iglesias), y sometido a una serie de fines y principios que obedecen a las prioridades políticas o ideológicas de quienes disputan el control del Fisco. Lo guía un estricto igualitarismo, cuya base es la certeza de que el mérito, el esfuerzo o la familia son excusas para disfrazar una desigualdad ilegítima.
Pero una educación pública robusta no tiene por qué ser así. Primero, podemos tolerar la diferencia: ¿por qué proyectos educativos selectivos y de la alta exigencia académica serían perjudiciales? Esto no significa que el resto de los proyectos sean necesariamente inferiores, ni que las élites se formen en un solo tipo de institución. No logro ver cuál es el perjuicio que se le genera al interés público si el Estado brinda especial apoyo a uno o cien establecimientos que ponen como su foco tener altos estándares en todos los ámbitos y que exigen a sus familias un compromiso acorde. Si son muy demandados por las familias, se pueden abrir más, sin desatender el resto de los establecimientos. Obviamente no puede ceñirse la excelencia a un solo ámbito del saber. Las artes, la tecnología, los deportes, son ámbitos en que la búsqueda de la excelencia va directamente en dirección al interés de todos.
¿Los establecimientos que no fueran de excelencia serían perjudicados? Depende de la voluntad de la autoridad. Si esta se dedica a establecer redes de trabajo y colaboración, que permitan la difusión de acciones destacadas, si promueve mentorías de docentes expertos de estos colegios de excelencia a otros establecimientos que lo requieran, y si les exige que apadrinen o acompañen proyectos en especial vulnerabilidad o desventaja, todos nos veríamos beneficiados de estos “buques insignia” de la educación pública. Si, por el contrario, la autoridad se dedica a promover discursos que descalifican la excelencia por ser solo reflejo de desigualdad, bueno, entonces no se avanzará mucho.
Esto puede sonar a un remedo del “efecto derrame” en economía. No es así. Un sistema de educación pública no puede funcionar sin asegurar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones relativamente similares. Esto puede asegurarse a través de un financiamiento que reconozca la diversidad de los estudiantes – su vulnerabilidad, necesidades educativas especiales, aislamiento o ruralidad – pero que responda también a sus intereses, no a los de las autoridades o los gremios que capturan los colegios. Se afecta el interés público cuando un grupo de docentes presiona para fijar los sueldos de todos los demás. Por eso los recursos deben seguir dependiendo de la preferencia de los estudiantes, y no de los metros cuadrados del edificio, la afinidad del Colegio de Profesores con el subsecretario o la capacidad de lobby de la autoridad local correspondiente. ¿Hay igualdad cuando un alcalde o Servicio Local oficialista obtiene más recursos de infraestructura que uno de oposición? Si los recursos van ahí donde prefieren los estudiantes, entonces la discriminación política se atenúa.
Cualquier similitud con la situación de los Liceos Bicentenario es mera coincidencia. Estoy seguro que habrá muchos en desacuerdo con lo aquí expuesto. Pero al menos postulemos a tener un debate de ideas abiertas, y no una seguidilla de postergaciones y eliminaciones (Simce, evaluación docente, aranceles regulados, acreditación de los CFT estatales, currículum nacional) que nos deja hablando de dimes y diretes de un ministro.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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