Es cierto: la inseguridad en las calles, los robos, homicidio y el narcotráfico han aumentado. También es verdad que en muchos sectores las personas han adoptado un toque de queda autoimpuesto para evitar exponerse a ser vulnerados. Pero en todo eso, tan cierto, pero tan hiperexpuesto por grandes medios de comunicación, falta recalcar los otros, más profundos, cotidianos y arraigados problemas de seguridad naturalizados en nuestro país desde mucho antes que por el boom migratorio.
Por ejemplo, la completa desprotección que viven trabajadores que denuncian en tribunales o vía sumarios administrativos a acosadores laborales, a difamadores y calumniadores, a los que amenazan de muerte por RRSS -y que incurren en altos costos y no reciben atención-. O cuando las mujeres toman la difícil decisión de denunciar y recurren a la justicia porque fueron violadas, abusadas o acosadas; mujeres que pasan por procesos horrendos, de una constatación inevitablemente revictimizante de lesiones al declarar los hechos vividos, los juicios quedan dormidos en tribunales, se retrasan, se posponen por años, se olvidan. ¿Cuántas denuncias de violación se apilan en las cortes desde hace años y los victimarios, con buenos abogados, siguen libres, quizás aun dañando?
Por supuesto que una denuncia no constituye una verdad. Pero cuando hablamos de denuncia de delitos sexuales u otras violencias contra las mujeres, en un gobierno que se declara feminista, deberían al menos verse avances en las gestiones: formalizaciones, juicios y resultados rápidos. Pero no ocurre. La inseguridad que vivimos las mujeres no sale en las noticias, ni tampoco, más grave aún, tiene importancia para los jueces. Más importa exponer la violencia y criminalidad de las calles que ahondar seria y rigurosamente en los nexos posibles que tiene la elite industrial con el narcotráfico o en la profunda pérdida de confianza en la justicia cuando nos enteramos que los poderosos compran jueces y policías -como da a entender el aso Hermosilla.
¿Estaremos más seguros si todos los criminales y delincuentes reciban condena? Claro que sí. Pero, sobre todo cuando la justicia funcione, sea rápida, imparcial y al servicio de la ciudadanía más desamparada y no al ritmo de los poderosos, pues, como señaló el exministro de la Corte Suprema Milton Juica: “La evidencia parece confirmar esa percepción, a los que cometen delitos de cuello blanco, cuesta enjuiciarlos y mucho más condenarlos”. También lo estaremos cuando nunca más se repitan desfalcos con participación de altos mandos de Carabineros, ni montajes como los casos Huracán o Catrillanca; pues ahí resurge su autoridad y se recuperan confianzas.
Estaremos también más seguros, cuando no esté nuestra dirección a disposición de todos en rutificador, cuando nuestra privacidad, el RUT, no esté en internet. ¿Cómo es posible esta desprotección teniendo una Ley de Protección de Datos? Porque las leyes no se cumplen y quienes deben fiscalizar, la justicia, no lo hace. Sus prioridades son otras -las que dictan no televisados poderosos.
Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile
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