Por Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía Usach
Desde la crisis sanitaria, los esfuerzos políticos se volcaron mayoritariamente en enfrentar la pandemia. Una urgencia comprensible. Sin embargo, la política nunca es solo reactiva, atada a la contingencia, sino también propositiva. Y en ello, los pendientes suman y siguen.
Uno en particular ha quedado marginado del debate público: la reforma en curso de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública - Carabineros de Chile. Una institución que requiere de una nueva legitimidad y organización para el respaldo de cualquier gobierno y, más aún, de una ciudadanía que la demanda desesperada. Aquí la nueva Constitución tendrá un papel crucial, porque la Carta Magna que nos rige integra a Carabineros “con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República”.
Así, los cambios que hoy ocurran al interior de la institución, exigen máxima atención. Atender por ej. a la relación entre las Fuerzas de Orden y la política. Tanto se comenta del actuar de la ministra del Interior, Izkia Siches, pero poco o nada de cómo el Ministerio piensa una nueva relación con la institución. ¿Nos permitimos permanecer por un momento en lo importante?
Hace casi dos meses Javier Iturriaga del Campo (el “hombre feliz” que no estaba “en guerra con nadie” en octubre 2019) fue oficializado como comandante en jefe del Ejército, poco antes que Gabriel Boric asumiera, y poco después de la renuncia del entonces general (r) Ricardo Martínez, inculpado por fraude al Fisco. El general Iturriaga, en su discurso inaugural, señaló que el Ejército ha de mantener un “irrestricto apego a la Constitución y las leyes”; que, el “ejercicio de la noble profesión de las armas” “exige los más altos cánones de comportamiento individual”, y que “deben ser respetados y cumplidos desde el comandante en jefe hasta el último de los soldados”.
La declaración contiene un progresismo importante. Y es que el general Iturriaga sabe de los efectos y de los privilegios ilegítimos que la institución ha heredado desde la dictadura cívico-militar de Pinochet y su posdictadura constitucional.
Pero para no caer en personalismos, tengamos claro que en la conducción adecuada de una institución -del Ejército, Carabineros, Ministerio, o del propio gobierno- no prima solamente la buena o mala intención de sus líderes, sino el marco de acción y decisión que le permita la Constitución y las leyes. Mientras determinadas instituciones, como el Ejército o Carabineros, sigan encapsuladas en una burbuja normativa propia, que les permitan contar con “jueces” y “tratamientos” jurídicos especiales, estarán por sobre la ley, por sobre nosotros -tanto así, como lo está, incomprensiblemente en un estado laico, la Iglesia Católica y su protección a criminales como Fernando Karadima.
Sin ser oraculares sabemos que vienen tiempos de complejidades sociales. Por ello, será una buena política la que no espere que estos “pendientes” se vuelvan política por una nueva “crisis”, sino desde una cierta paz, esa pax que siempre fue y ha significado estabilidad.
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