La propuesta de salud en el proyecto de nueva Constitución contempla, entre otras cosas, el derecho a elegir entre un sistema de aseguramiento público o privado, revelando una tensión entre los principios de libertad individual y los de solidaridad y equidad. Este enfoque, aunque respeta la libertad de elección, corre el riesgo de perpetuar y profundizar las inequidades existentes en el acceso y la calidad del cuidado de la salud, condicionadas, actualmente, en gran medida por la capacidad de pago.

En un contexto donde la crisis de las Isapres y las repercusiones de la pandemia han dejado al descubierto las deficiencias del sistema de salud chileno, la propuesta constitucional parece no abordar de manera adecuada la evidente necesidad de solidaridad y equidad en el sistema. La mancomunación de cotizaciones, un aspecto crucial para un sistema de salud solidario, se ve desafiada por la dualidad entre sistemas de aseguramiento público y privado. En un modelo ideal, las cotizaciones de las personas más jóvenes, más sanas y con mayores ingresos, deberían ayudar a subsidiar a los más viejos, enfermos y económicamente vulnerables. Sin embargo, la libertad de elegir entre un seguro de salud público y uno privado puede conducir a una segregación económica, donde los más acaudalados optan por el sistema privado, dejando al sistema público con recursos insuficientes para atender a una población más numerosa y con necesidades de salud mayores.

El término del pago de bolsillo y de la discriminación de acceso por capacidad de pago es otro aspecto fundamental en la construcción de un sistema de salud equitativo. La propuesta actual no aborda de manera suficiente cómo se reducirá esta discriminación, particularmente en un escenario donde la elección entre servicios públicos y privados está determinada por la capacidad económica del individuo.

Por otra parte, la integración de los prestadores privados en el sistema de salud de manera transparente y regulada es crucial. La propuesta debe enfatizar la necesidad de regulaciones rigurosas para asegurar que los prestadores privados no solo brinden servicios de calidad, sino que también contribuyan a la equidad general del sistema de salud. Esto incluiría mecanismos para evitar la selección de riesgos y garantizar que los prestadores privados atiendan a una porción representativa de la población, no solo a aquellos con mayores recursos.

En suma, si bien la propuesta reconoce la importancia de la salud como un derecho fundamental y ofrece una estructura que respeta la libertad de elección, carece de medidas suficientes para garantizar la solidaridad, equidad y eliminación de la discriminación basada en la capacidad de pago, por lo que no da respuesta a las necesidades que actualmente presenta nuestro sistema de salud. Para alcanzar estos objetivos, sería necesario fortalecer los aspectos de solidaridad del sistema, asegurar una regulación más estricta tanto de los aseguradores como de los prestadores de servicios de salud, y establecer mecanismos claros para igualar la calidad del cuidado en todo el sistema, independientemente de si es público o privado.

Por Ignacio Silva, médico infectólogo, profesor asociado Escuela de Medicina Usach