Esta semana se dio inicio al trabajo de la Comisión Experta que redactará una propuesta de borrador de nueva Constitución. La ceremonia comenzó de forma muy distinta a la de la Convención Constitucional. Muy sobria, muy tranquila, con un discurso conciso y correcto de su novel presidenta, Verónica Undurraga, y con un calendario acotado de trabajo; labor que ya partió en cada una de las subcomisiones, con sus respectivas presidencias, dado que tiene solo tres meses para completar su misión. Todo, eso sí, muy ordenado y con poco ruido.
Asimismo, el martes, fue presentada la plataforma de participación ciudadana, a cargo de las dos principales universidades del país (U. de Chile y Universidad Católica), que tendrán el desafío fundamental de levantar información proveniente de la sociedad civil, para ser incorporada en el texto constitucional, y de esta forma generar una institucionalización de la ciudadanía en este proceso.
A ojos de la élite política, todo perfecto; como lo acordado: un proceso sin la bulla de antaño, de perfil bajo, y ciñéndose a las reglas y bordes que el poder constituido estableció previo a su instalación.
Sin embargo, no deja de preocupar el hecho de que para la ciudadanía el trabajo sea tan discreto que se vuelva imperceptible, a tal punto que no se enteren que hay elecciones en mayo para escoger el Consejo Constitucional. Aunque las campañas recién han presentado un tímido comienzo, no se observa mucho entusiasmo.
La discreción y sobriedad son buenas, sobre todo cuando el proceso anterior estuvo marcado por una actitud distinta, particularmente por el ruido y la cuña fácil que abundó en la Convención Constitucional; y no solo en las opciones transformadoras, sino también en los sectores conservadores, que se esmeraron por desacreditar el trabajo que allí se estaba haciendo. No obstante, no está demás alertar que es importante buscar estrategias para concitar interés en el nuevo proceso, sobre todo para revestirlo de legitimidad y no encapsular los temas de la política entre unas pocas personas.
La política tiene elementos de expertise técnica, sí, pero no debe acaparar todo el proceso. Ya tenemos el ejemplo del estallido de 2019, donde los “técnicos” del gobierno de turno mandaron a comprar flores a la población (porque estaban más baratas), o a que todo el mundo se levantara más temprano para ahorrar en transporte.
La fragilidad de nuestra democracia es tal que no hay espacio para volver a cometer este tipo de errores. Esta vez puede costar tanto o más caro que lo que hemos pagado.
Por Javiera Arce-Riffo, académica de la Universidad Católica del Norte
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