Columna de Jorge Ibáñez: Violencia, más allá de la condena

Acciones violentas en el contexto de manifestaciones y tomas de establecimientos emblemáticos han sido una constante durante la última década. No podemos normalizarlas, menos cuando se pone en peligro la vida, como el reciente y lamentable hecho ocurrido con el estudiante del Liceo de Aplicación. La condena es clara y transversal a nivel social y político, una señal necesaria, pero a todas luces insuficiente.

Este nivel de violencia en el contexto de manifestaciones se focaliza en los liceos emblemáticos, los que representan un 0,66% de la matrícula del país. Mientras en el resto de establecimientos la violencia crece de otras formas, lo que se ve reflejado en el aumento de denuncias en la superintendencia por maltratos entre estudiantes, un 64% más en relación al 2019.

No obstante, la violencia es un fenómeno transversal a toda la sociedad y que permea a la escuela: niños, niñas y jóvenes la perciben en su cotidianidad. Aprenden que la violencia es un mecanismo válido para solucionar conflictos. El desafío es complejo y no es exclusivo del sistema educativo, requiere también la participación de organismos sociales, de salud, de seguridad y de justicia; y por sobre todo un compromiso colectivo.

En el ámbito educativo es necesario tomar medidas concretas en al menos dos niveles que interactúan entre sí: las escuelas y las políticas públicas. A nivel de las escuelas, es fundamental que éstas revisen participativamente su plan de gestión y manual de convivencia escolar, realizando los ajustes necesarios y dándolo a conocer a todos los estamentos, incluyendo a las familias como aliadas, promoviendo espacios de participación, diálogo y formación. Ante casos de violencia, se deben activar dichos protocolos, recurrir a la superintendencia si corresponde y activar redes de apoyo local. Por último, es clave avanzar hacia una comprensión de la convivencia escolar y los aprendizajes de asignatura como parte de un mismo proceso, desde una lógica integral.

En un segundo nivel, requerimos políticas públicas educativas consistentes con lo que esperamos de las comunidades educativas. Tenemos un sistema educativo basado en la competencia que empuja a las escuelas a priorizar los esfuerzos en las áreas tradicionales del aprendizaje, como matemática y lenguaje. Es fundamental avanzar hacia un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que esté basado en la confianza y la profesionalización, que ponga en valor el aprendizaje integral y con un sistema de medición sin consecuencias punitivas. Valoramos contar con un currículum que promueve el desarrollo de actitudes y habilidades sociales, el plan de formación ciudadana y el programa “A Convivir se Aprende”, todas medidas que deberían favorecer una educación integral, sin embargo, ¿qué impacto tienen si los incentivos están en el contenido de las asignaturas troncales? Requerimos políticas articuladas y con mayor coherencia sistémica, que se hagan cargo de los desafíos actuales. Desde Educación 2020 tenemos la convicción que la educación es clave en la construcción de una sociedad más justa, humana y colaborativa, pero el sistema educativo está lejos de brindar las condiciones y herramientas suficientes para lograrlo. No basta con “condenar la violencia”, necesitamos políticas a largo plazo y coherentes con lo que les exigimos a las escuelas.

Por Jorge Ibáñez, director de Política Educativa, Educación 2020