La palabra “gratuito” tiene varios significados según el diccionario de la RAE. Por una parte, es un adjetivo que denota algo que llega “de gracia”, pero también la Real Academia Española señala que puede ser entregado de forma “arbitraria y sin fundamento”. Si queremos que la gratuidad en la educación superior chilena se mantenga dentro del primer significado, es decir, de gracia, debemos plantearnos hasta dónde llegar con esta política en la nueva Constitución que estamos escribiendo en estos momentos en Chile.
El borrador sobre el cual trabaja la Comisión Experta plantea la aspiración de que la educación superior técnica y universitaria sea progresivamente gratuita, lo que consagraría a nivel constitucional el anhelo de alcanzar la gratuidad universal.
Sin duda coincido con los que piensan que se debe ayudar a quienes no pueden acceder a la universidad por falta de recursos. Con el objetivo del acceso, el financiamiento estatal debe ir enfocado a quienes no pueden pagarse la universidad. Pero también creo que, si se extiende la gratuidad universalmente, se pierde este principio beneficiando a quienes sí están en condiciones de pagar.
Es igualmente importante tener en cuenta que hay que contar con formas de financiamiento para las carreras que no son rentables, pero que producen bienes públicos. Es evidente el valor de las ciencias básicas y las artes, aun cuando su estudio tenga un alto costo. Para lograr este fin, junto con el apoyo estatal creo que se deben buscar vías de financiamiento como las becas y los créditos blandos.
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Porque, aunque la educación sea un bien público, es necesario tener en cuenta que también tiene un carácter privado, ya que beneficia a lo largo de la vida a quien estudió. Por esto tiene sentido aspirar a que las personas contribuyan, en la medida de sus posibilidades, al financiamiento de su carrera. La educación nunca es gratis: tiene un costo. Los recursos son escasos y como todos sabemos hay muchas prioridades nacionales.
Si nos comparamos con los países de la OCDE, Chile tiene camino por recorrer para alcanzar los promedios de inversión en educación superior. Nuestro país gasta un poco más de US$ 10.000 por estudiante, cuando el promedio de la OCDE es de US$ 17.500. Estamos entre los cinco países que menos gastan en términos absolutos, aunque lideremos la tabla en lo que se refiere al porcentaje total de gasto público en educación.
Hay consenso en que nos falta mucho por invertir en educación superior en Chile si queremos que las universidades puedan contribuir con más docencia de calidad, investigación y vinculación con la sociedad. Sin embargo, no podemos olvidar que el presupuesto del Estado tiene sus límites y, por lo mismo, es lógica la propuesta de buscar financiamiento entre quienes sí pueden pagar su educación.
Por José Antonio Guzmán C., rector Universidad de los Andes
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