La extorsión siempre fue considerada una figura lejana que observábamos en algunos países de Latinoamérica, pero jamás en nuestro país, por ello es que recurríamos a la típica frase: “en Chile esto no pasa”.
Sin embargo, en el último tiempo cada vez con mayor frecuencia hemos conocido casos de amenazas extorsivas, no solo en redes ligadas al narcotráfico, sino que también afectando a pequeños y medianos comerciantes, quienes se ven presionados a pagar altas sumas a bandas delictuales, principalmente extranjeras, las que operan de manera presencial portando armas o mediante llamadas y mensajes extorsivos enviados incluso desde la cárcel o el extranjero.
Las motivaciones que han llevado a que barrios comerciales específicos sean víctimas de estas bandas son variadas, yendo desde amedrentamientos para mantener controles territoriales, ofrecimientos forzados de “seguridad” e incluso por parte de prestamistas informales.
Sin perjuicio del valor que amerita que se haya aprobado recientemente la Ley 21.555 que regula el delito de extorsión, se requiere tomar medidas con urgencia. La situación que se está enfrentando es compleja e involucra hechos de suma violencia. Solo en la comuna de Estación Central se registran seis casos, sin contar los que son actualmente investigados en otras comunas, incluidos incidentes de balaceras a establecimientos, asesinatos por encargo de comerciantes que no pagan e incluso locales incendiados.
Hoy contamos con variada experiencia en Colombia, Perú y Centroamérica de cómo el fenómeno de la extorsión ha causado estragos sociales y económicos en esos países, obligando a los comerciantes a abandonar barrios y cerrar negocios (como ya se ha venido anunciando por locatarios del Barrio Meiggs) o a incrementar considerablemente los costos de mantenerlos abiertos, que derivan finalmente en decidir entre “plata o plomo”, es decir, o se paga la suma de dinero demandada por los extorsionadores o se asumen las consecuencias de que el establecimiento será destruido o que la víctima, su familia o sus trabajadores se verán expuestos a secuestros, amenazas e incluso la muerte.
El llamado como Cámara Nacional de Comercio es a relevar este tema como una prioridad, para lo cual no basta con condenas a través de los medios de comunicación, sino que se necesitan acciones concretas, dirigidas por la autoridad central en colaboración con los afectados, de modo tal de generar los puentes que mejoren las confianzas para promover la denuncia, la asistencia en las investigaciones y finalmente la condena de estas bandas de delincuentes que deben ser erradicadas.
Por José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
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