El nuevo sistema de financiamiento debiera tener algunos principios que lo orienten. En primer lugar, no debería implicar la utilización de más recursos públicos. Es necesario invertir más en educación parvularia y escolar, que tienen un impacto social mucho mayor, y que se han visto postergadas por el mayor gasto que se ha realizado en los últimos años en la educación superior. Debe recalcarse que Chile es de los países de la OCDE que más invierte en educación superior (como porcentaje de su PIB) y el país que mayor porcentaje de su gasto público destina a ese efecto.
Adicionalmente, el nuevo sistema debiera permitir que ningún joven con capacidades y mérito deje de acceder a la educación superior por razones financieras. En ese sentido, se esperaría que el sistema propuesto permita mantener la alta cobertura de educación superior que ostenta el país. Por lo mismo, debiese propiciar que los estudiantes puedan acceder a todas las instituciones que tengan como mínimo un determinado nivel de calidad, independientemente del tipo de institución (universidad, instituto profesional o centro de formación técnica) o de su organización jurídica (pública o privada).
Esbozados los principios anteriores, un nuevo sistema de financiamiento debiera considerar tres grandes tipos de ayuda estudiantil: gratuidad, becas y crédito. Respecto de la primera, ella debiera limitarse permanentemente a los alumnos pertenecientes a los seis primeros deciles de nivel socioeconómico, tal como se aplica hoy en día, sin extenderse a los siguientes deciles, por las razones de alto costo y uso alternativo ya mencionadas. Asimismo, debieran eliminarse las restricciones que establece esta política, en términos del cobro limitado de aranceles a alumnos de los deciles 7, 8 y 9, así como el cobro limitado a los estudiantes que exceden la duración formal de las carreras, con el objeto de no mermar los ingresos de las instituciones de educación superior adscritas. En todo caso, estos alumnos podrían optar al nuevo crédito para financiar la extensión de sus estudios.
Con relación a las becas, ellas deberían pensarse como ayudas dirigidas a estudiantes de los primeros seis deciles de nivel socioeconómico que opten por estudiar en instituciones no adscritas a gratuidad. De esta manera, su esquema actual podría simplificarse, manteniendo eventualmente becas específicas que tengan otros fines, como la beca vocación de profesor.
Por último, debiese diseñarse un nuevo crédito, contingente al ingreso, de tasa subsidiada y con plazo máximo de pago, después del cual cualquier saldo se condone. Este crédito debería reemplazar al CAE y al crédito del fondo solidario, de forma que exista un solo esquema de crédito para todos los estudiantes, independientemente de la institución que elijan. Este crédito debiera estar abierto a todos los estudiantes que lo necesitaran y también podría usarse como complemento de las becas mencionadas.
En suma, con un sistema de estas características se permitiría que los jóvenes puedan seguir accediendo a la educación superior, tal como ha ocurrido en los últimos años, sin seguir incrementando el suficientemente elevado gasto fiscal, y sin afectar la sustentabilidad de las instituciones de educación superior.
Por último, un sistema integral de financiamiento de la educación superior debiera abrir la opción de que sus instituciones, bajo ciertas condiciones y prioridades, puedan optar a financiamiento basal o directo, el que no debería estar restringido casi únicamente a cierto tipo de universidades (del CRUCh), como ocurre actualmente.
Por Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior, vicerrector académico e integrante del Centro de Políticas Públicas de la U.Finis Terrae
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