En las últimas semanas, no son pocos los museos en Europa que han recibido la visita de activistas que han amenazado la integridad de una serie de obras de arte bajo el pretexto de estar salvando al planeta. Lo que partió en la Galería Nacional de Londres contra un cuadro de Van Gogh, se ha multiplicado de forma especialmente prolífica a lo ancho de Europa. La Haya Madrid, Milán, Paris o Potsdam también han sido testigos de tropelías de similar calaña en contra de creaciones de Goya, Vermeer, Monet, Warhol, entre otros.
Como no podía ser de otra forma, las reacciones ante esta expresión de activismo político no se han hecho esperar. Hay quienes avalan o comprenden esta clase de actos afirmando —entre otras cosas— que estos activistas tratan de cuestionar las jerarquías de valor implícitas en nuestras sociedades —”¿qué es más importante, una pintura o el planeta?”—, agregando que “de otra forma no son tomados en serio por los grandes poderes”. Por lo tanto, quienes arrojan sopa a un Van Gogh o puré de papas a un Monet tendrían “el mérito” de conseguir la atención de la opinión pública.
Otros rechazan esta clase de protesta al considerarla perjudicial a la causa ecologista y no parecen estar equivocados en este sentido. De acuerdo con un estudio de opinión realizado por el Center for Science, Sustainability & the Media de la Universidad de Pensilvania son más las personas que disminuyen su apoyo a iniciativas que abordan el cambio climático por causa de estas acciones que aquellas que ven incrementado su compromiso en este tipo de empresas.
¿De verdad el único criterio para valorar estos hechos es la capacidad de aparecer en los medios? ¿Qué pasaría si estos actos beneficiaran a la causa ecologista, estarían bien por eso? Es increíble constatar que en estos tipos de análisis nunca se preguntan por la legitimidad del acto en sí. Más allá de los fines que pueda tener un activista, más allá de si sus actos benefician o no a una causa prima facie noble, ¿es justificable atentar contra el patrimonio artístico? La respuesta es un no rotundo.
Junto con reafirmar que en una sociedad decente la legítima afectación de la propiedad —sea estatal o privada— se reduce a peregrinos casos de necesidad, es necesario señalar que resulta especialmente contradictorio liquidar el arte para reivindicar la naturaleza, al tratarse de dos expresiones de belleza que necesitamos para tener una vida plena y que es la principal razón del por qué estamos dispuestos tanto a invertir importantes cantidades de dinero en museos, curadores y especialistas como a ponderar y orientar nuestro progreso en función de un trato más amigable con la naturaleza.
Además, no debemos ignorar que esta clase de vandalismo atenta gravemente contra la confianza, siendo un valor imprescindible a la hora de visitar un museo. Las pinturas deben estar expuestas a cierta vulnerabilidad con el fin de que podamos apreciarlas en su plenitud. Contemplar el arte también requiere de una paz que difícilmente se consigue en un ambiente de sospecha y alerta ante cualquier amenaza.
Lo peor que podrían hacer los responsables de los museos es plegarse obsecuentemente ante este vandalismo por temor al qué dirán —pensando que actuarían como cómplices de los agentes que contaminan el planeta si evitan esta clase de actos—. Vale la pena apostar por la belleza y esto implica prevenir y reprimir esta clase de actos con todas las herramientas que nos otorga la ley. Roger Scruton se lamentaba del viraje que había tomado el arte en el siglo XX priorizando la trasgresión y la originalidad en desmedro de la belleza. Si somos capaces de sacar de los museos a los ecovandalistas, posiblemente estemos dando un pequeño paso para cumplir póstumamente uno de los deseos del filósofo inglés.
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