La indignación frente al rechazo por parte del Comité de Ministros del proyecto minero Dominga se basa, principalmente, en que dicha decisión se fundó en razones políticas y no técnicas. Algunos afirman ingenua, o interesadamente, que las autoridades debiesen basarse únicamente en los aspectos técnicos. Este antiguo argumento alimenta un gran porcentaje de las reclamaciones ante los tribunales ambientales.

Sin embargo, la decisión del Comité de Ministros se ajusta a lo que nuestra legislación ambiental veladamente pretende, esto es, que sea el poder político quien determine la viabilidad de un proyecto de inversión. Esto explica por qué la norma entrega la decisión de aprobar un proyecto de inversión a seremis y ministros que no tienen los conocimientos, el tiempo, ni la independencia necesaria para tomar decisiones técnicamente consistentes.

Este diseño tiene sentido frente a un ordenamiento territorial deficiente y desactualizado, y a la falta de acuerdo sobre el plan de desarrollo del país. Así, no bastaría solamente con constatar el mero cumplimiento normativo, sino que sería aconsejable analizar cada proyecto desde una más perspectiva amplia. Basta visitar las dunas de Concón para darse cuenta de la posibilidad de aberraciones ambientales perfectamente “legales”.

Sin embargo, este sistema es deficiente porque conlleva un grado –a menudo intolerable- de incerteza respecto de la viabilidad de los grandes proyectos de inversión y porque el señalado criterio adolece con frecuencia de sensatez y coherencia. Así, este diseño no favorece ni a la protección del medio ambiente, ni a la certeza que buscan los inversionistas.

Esto es particularmente grave en un momento en que Chile está llamado a jugar un papel clave en la lucha contra el cambio climático, para la cual los minerales presentes en su territorio son imprescindibles. El país debe abordar este asunto seriamente, no solo por los beneficios económicos de la minería, sino que también por responsabilidad para con el futuro del planeta.

Urge una revisión exhaustiva de nuestra legislación ambiental, avanzando hacia una mayor objetividad, pero no será suficiente eliminar las instancias políticas de la evaluación ambiental si las normas en las que se basa no van a la par con los desafíos contemporáneos. Se requiere de una planificación territorial seria y responsable, en la acordemos qué lugares pueden ser industrialmente aprovechados y cuáles queremos proteger.

Necesitamos amplios acuerdos políticos y sociales que permitan aumentar sustantivamente la producción minera, sin olvidar que el cuidado del patrimonio ambiental es también parte esencial del desarrollo de un país. Afectar lugares tan universalmente valiosos como el Archipiélago de Humboldt es dispararse en los pies, pero su protección no debe descansar en el criterio del gobernante de turno, sino que sustentarse en normas claras, objetivas y previamente establecidas.

Por Juan Pablo Escudero, abogado