Es innegable que Chile experimenta las consecuencias políticas del cambio de rumbo fijado por el contundente triunfo del Rechazo el año pasado. La profundidad de la derrota de un mal borrador constitucional, la reprobación del trabajo de la Convención y la oposición al gobierno del Presidente Boric fue la lápida del octubrismo -al menos de momento- y tiene en serios aprietos a los sectores políticos que se sumaron a la ola refundacional que “estalló” en octubre de 2019.
La historia demuestra que toda acción genera una reacción. Así, la Revolución Francesa, y su ola de violencia y extremismo, terminó sepultada por el golpe de Estado de Napoleón (1799) y la imposición del Imperio. El famoso mayo francés (1968) puso en serios aprietos a De Gaulle, quien se enfrentó a las manifestaciones estudiantiles y a múltiples peticiones de renuncia, para pasar pocos meses después a aumentar su representación parlamentaria mientras la izquierda enfrentó una merma en su electorado. Sin ir más lejos, el año anterior, Chile había vivido su propia revolución estudiantil con la toma de la Casa Central de la UC en agosto de 1967. La toma fue respondida con la gestación del Movimiento Gremial, liderado por Jaime Guzmán, que se convirtió al año siguiente en el movimiento dominante de la FEUC, desplazando a los democratacristianos y reformistas.
Por su parte, nuestro país enfrentó en octubre de 2019 una verdadera revolución que buscó derribar al gobierno electo democráticamente, amedrentó por la fuerza al orden político y buscó consagrar sus postulados revolucionarios en un texto constitucional. El nuevo giro contrarrevolucionario comenzó a tomar forma por el extremismo de la Convención Constitucional y por la radical respuesta de los ciudadanos en defensa de las libertades y derechos conquistados en los últimos 30 años. El punto cúlmine de este giro fueron los casi ocho millones de ciudadanos que concurrieron a las urnas para rechazar el proyecto constitucional.
Frente a esto, podemos cuestionarnos tres cosas:
Primero, ¿estamos en presencia de un proceso contrarrevolucionario? Hay varios elementos que nos permiten suponer que sí. La valoración del orden público, el respaldo ciudadano a instituciones cuestionadas en el pasado por esa misma labor, como Carabineros y FF.AA.; la intención de voto en las próximas elecciones de consejeros y la permanente desaprobación al gobierno del Presidente Boric son algunas luces de esto.
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Segundo, ¿en qué se expresa el actual sentimiento antioctubrista? En un cambio radical de la élite política. La violencia es condenada por fuerzas políticas más amplias; el Senado es presidido por un senador de oposición con un respaldo transversal; se rechazan malas iniciativas legislativas que hace poco hubiesen sido imparables, como la reforma tributaria y otras se modifican hasta dejarlas más parecidas a las ideas del gobierno anterior, como la de 40 horas; y hasta con los promotores del “octubrismo” promoviendo nuestros símbolos nacionales y el respaldo a Carabineros en su franja electoral, como lo ha hecho el Partido Comunista.
Por último, ¿cuál debe ser la actitud de los representantes o líderes de este momento contrarrevolucionario? La centroderecha tiene la responsabilidad de canalizar este sentimiento antioctubrista y al mismo tiempo aprender que la política es dinámica, los péndulos se mueven y que en tiempos de crisis los buenos liderazgo conducen la opinión pública y no solo buscan interpretarla. Al mismo tiempo, la centroizquierda, beneficiaria de la revaloración de los últimos 30 años, tiene la tarea de contribuir a recuperar márgenes de amistad cívica y colaboración pública, huyendo de las tentaciones antidemocráticas, que algunos de sus miembros abrazaron hace pocos años y que otros insisten en impulsar ahora desde el corazón del gobierno.
Los temores y anhelos de la ciudadanía que han configurado este nuevo escenario, deben abrir espacio a políticas que hagan sentido y que permitan resolver urgencias sociales largamente postergadas. Sin subvalorarlas ni mucho menos aprovecharse de ellas para un rédito político circunstancial. Al fin y al cabo, son pretensiones de plena justicia de la vida común: orden, paz y progreso.
Por Julio Isamit, director de Contenidos Instituto Res Publica, académico Derecho USS y ex ministro de Estado
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