Columna de Lidia Casas: Medias verdades, medias mentiras

Al centro de la discusión sobre la nueva propuesta constitucional han estado las opiniones del mundo académico sobre los alcances de la expresión de “quien está por nacer”, así como los efectos que ésta pueda tener, entre otras, sobre la ley de aborto en tres causales. Al respecto, la ex ministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña ha afirmado que la propuesta no pone en peligro la ley. Su argumentación es llamativa, no solo por los fundamentos que entrega, sino también por sus propias interpretaciones del actual texto constitucional respecto de esta cláusula y del interés superior del niño.

Más allá de las meras expresiones, es relevante mirar los hechos y la historia reciente en materia constitucional. Por ejemplo, no puede pasar desapercibido que, en su momento, 32 diputados de Chile Vamos (algunos de ellos hoy en el Partido Republicano) postularon que la política pública que permitía el acceso a la píldora del día después era inconstitucional, tanto en lo relativo a la protección de la vida “del que está por nacer” como también por contrariar el derecho de los padres a educar a sus hijos, vulnerando además su interés superior. En base a esa argumentación, hace no demasiado tiempo, una mayoría del TC (incluida la profesora Peña, entonces integrante del tribunal) sostuvo que la píldora y la política pública que la incorporaba era contraria a los preceptos constitucionales, interpretando que “el que está por nacer” es todo ser humano menor de 18 años. Algo casi idéntico ocurrió con los votos de minoría en el TC sobre la despenalización del aborto en tres causales, cuando se volvió a discutir el alcance de la protección constitucional del que “está por nacer”.

Sorprende, entonces, que solo para efectos de la aprobación de esta nueva propuesta constitucional, la profesora Peña -y todos aquellos académicos y académicas que participaron activamente en el debate de la Constitución posicionándose contra la despenalización del aborto- consideren que el texto que apoyan no pone en riesgo la ley existente, dado que fortalece no una sino actualmente dos cláusulas constitucionales sobre la vida en gestación en el sentido que han afirmado en forma constante y sistemática.

Las interpretaciones constitucionales en términos abstractos a veces parecen ingenuas, sobre todo si no se contextualizan en las discusiones concretas. Por eso es preocupante cómo se construye el interés superior del niño en la actual propuesta. Ya en el año 2006, un alcalde de Chile Vamos junto a otras personas judicializaron la política pública que permitiera a los servicios públicos de salud dar consejería a adolescentes. La Corte de Apelaciones de Santiago señaló en 2006 que los hijos no son propiedad de los padres. El texto propuesto volverá sobre esa idea. El riesgo nuevamente es la judicialización de políticas públicas como la educación sexual integral o servicios amigables para adolescentes. No hay que ser ingenuos.

Por Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP