Columna de Magdalena Merbilháa: Derecho a la violencia
Parece que en Chile estamos acostumbrados a la desigualdad ante la ley. No se trata de los poderosos, sino que de los violentistas. Hay algunos que en su “derecho a manifestarse” tienen “derecho” a vandalizar la propiedad, tanto pública como privada. El derecho de manifestación de algunos está por sobre el derecho de propiedad y la integridad física de otros. Tienen “Derecho a la Violencia” por lo que su derecho a “manifestarse”, literalmente “se sienta” arriba de los otros. Todos deben guardarse temprano para que los “lindos” puedan romper, quemar y destruir a voluntad. Los colegios suspenden clases, ya que el derecho a la violencia de ellos está por sobre el derecho a la educación de la otros. Los violentistas están blindados, son “privilegiados”, reciben auténticas prebendas estatales. Lo que es delito tipificado, supuestamente para todos en el marco de la igualdad ante la ley, deja de serlo para ellos. Las acciones que se dan en los ya instalados “días de furia”, dígase, “el día del joven combatiente” y el “11 de septiembre” son inimputables. Cómo explica la definición aplicada a este caso, no son imputables, están en la práctica eximidos de la responsabilidad penal ya que no se puede, según algunos, comprender la ilicitud del hecho punible.
La idea se basa en el hecho que hay personas y “colectivos” que consideran que la violencia es un modo " justo” de hacer política. Esos son la “ultra izquierda” o la “izquierda radical”, llámelos cómo quiera, en rigor, son los comunistas empapados de leninismo. Aquí caben, tanto los ortodoxos que se llaman comunistas en el nombre o los “camuflados”, que son marxistas leninista con otros nombres. Incluso algunos usan en sus nombres de partido o en su definición, la palabra “democrático” o “democracia”, sin tener en cuenta que lo primero que hace la democracia al crearse cómo alternativa política a fines del siglo XVIII, es dejar fuera la violencia física cómo un modo de hacer política. Lo que había sido la tónica histórica siempre para resolver disputas, la violencia, se reemplaza por el voto. Ergo, el validar la violencia los hace antidemocráticos por antonomasia.
Estos días de furia con impunidad, tan instalados en Chile, dejan en evidencia que hay un sector que no quiere la reconciliación del país y que necesitan mantener las heridas abiertas, ya que de ellas lucran y son ellas las que justifican sus acciones cómo “políticas”. Es lo que los hace estar más allá del bien y el mal y tener derechos que el resto no tiene. Son los privilegiados, los blindados ante la violencia. Son los premiados, incluso, ya que luego el gobierno, que sabe que llegó al poder validando, azuzando y ejerciendo la violencia, los indulta y les paga los favores concedidos con pensiones de gracia. Mientras tanto, el comerciante honesto que trabaja con esfuerzo, que logra los permisos sorteando la burocracia y la “permisología”, ese que paga impuestos, es quien cruza los dedos para que en los días de “chipe libre” o en las recurrentes “manifestaciones sociales” no lo saqueen o lo quemen. El ciudadano común honesto se guarda para no poner en riesgo su integridad física, porque en los “días de furia”, todo está permitido para los “jóvenes soñadores”.
Cada 11 de septiembre es un “dejá vú”, el guion es el mismo, y en democracia ya no tienen piso retórico. Todo cierra temprano para que los empleados no arriesguen ser violentados. Los buenos se guardan y los malos se desatan y no hay Dios ni ley. El propio delegado presidencial, Gonzalo Durán, dijo públicamente “debemos acostumbrarnos a la violencia de las protestas”. A esto se suman las comunes “marchas” y “romerías” donde el gobierno propone cerrar una farmacia porque le hicieron un “turbazo” o el teatro Caupolicán, por terminar un carabinero muerto. ¿Y la ley y el orden, eso que es el piso que debe otorgar el Estado?
Si se aplica la igualdad ante la ley y los violentistas se van presos por sus crímenes o pagan monetariamente los daños materiales que causan, entonces este “loop” puede empezar a terminar. El gobierno se querella contra los que resulten responsables, contra “Moya” y ese nunca paga la cuenta. ¡La desigualdad ante la ley que asegura a algunos el “derecho a la violencia” debe terminar! Si valoramos la democracia y las instituciones debemos condenar toda violencia en la política siempre, a 51 años no hay excusa que valga. Nadie está por sobre la ley y nadie tiene ni puede tener derecho a la violencia.
Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.
